El independentismo cree haber encontrado la fórmula para evitar que los 34 altos cargos catalanes encausados por los gastos exteriores generados por el procés paguen la fianza de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas. 

La solución pergeñada por los partidos nacionalistas pasa por la creación de un fondo de diez millones de euros. Fondo que en la práctica funcionará como un seguro (avalado por una entidad financiera) destinado a cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas contra altos cargos de la administración autonómica catalana.

La fórmula, que implica cubrir con más dinero público lo malversado por los líderes del procés, es tan tramposa como intolerable. El objetivo del independentismo es evitar que la Generalidad aparezca como avaladora directa de los acusados. Y de ahí la intermediación de una entidad financiera que actúe como parapeto legal. 

¿Quién lo paga?

La pregunta es obvia. Si los 34 encausados son condenados y esa entidad financiera ejecuta el contraaval de la Generalidad, ¿quién acabará pagando la multa?

La respuesta también es obvia. Serán los ciudadanos españoles, a través de los presupuestos del Gobierno regional, los que acaben pagando las multas del procés. Una doble burla que convierte a los ciudadanos españoles, y especialmente a los catalanes, en damnificados por partida triple del nacionalismo catalán.

En primer lugar, en cuanto víctimas del golpe contra la democracia ejecutado por el nacionalismo en 2017.

En segundo lugar, como resignados espectadores de unos indultos que plantean serias dudas acerca del verdadero alcance del principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a la Justicia.

En tercer lugar, como paganos de las multas del procés. 

Fondo ad hoc

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha anunciado en su cuenta de Twitter que denunciará frente a la Comisión Europea la creación de "un fondo ad hoc para pagar las fianzas de políticos acusados de malversación de dinero público". "La fórmula perfecta para los corruptos y los delincuentes" ha añadido Cañas en su mensaje, sintetizando en pocas palabras el espíritu de la treta ideada por la Generalidad. 

El trilerismo financiero de la Generalidad ha desconcertado al Tribunal de Cuentas, como explicamos hoy en EL ESPAÑOL, y ha demostrado una vez más que el separatismo no tiene la menor intención de pasar por el aro del Estado de derecho. 

El independentismo, en fin, hará todo lo que esté en sus manos para forzar la interpretación de las leyes y evitar así que los líderes del procés paguen con sus bienes su desafío al Estado de derecho. Es decir, para que sean los ciudadanos españoles los que paguen su paseo por los márgenes de la democracia.

Cajitas con dinero

La Generalidad no ha confirmado de qué parte de sus presupuestos saldrá el dinero para el aval, pero sí ha confirmado que son varias las opciones a su alcance. "Hay muchas cajitas" ha dicho Jaume Giró, consejero de Economía. Su obsesión es evitar que la Generalidad pueda ser acusada de desplazamiento patrimonial. 

Pedro Sánchez ha anunciado durante una rueda de prensa en Tallin (Estonia) que el Gobierno estudiará la decisión de la Generalidad y la recurrirá si esta no se ajusta a la legalidad. El PP ha anunciado que la recurrirá con total seguridad. 

La estratagema de la Generalidad es evidente. Su intención de esquivar las consecuencias del procés, también. Los indultos a los líderes del procés ya tensaron las costuras de la Justicia más de lo recomendable. Que el peso de las multas por el procés recaiga en los ciudadanos españoles no sería más concordia, sino una nueva burla.