El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la nueva Ley de Memoria Democrática. Una ley que pretende ir un paso más allá de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hace en términos ambiciosos, pero que también plantean dudas entre quienes creen que se trata de una ley cargada de revisionismo histórico.

La nueva ley, que el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños hereda de la exvicepresidenta Carmen Calvo, pretende cerrar heridas supuestamente abiertas, pero podría acabar abriendo las que se cerraron en 1978 si los españoles interpretan que su objetivo no es la concordia, sino la revancha.

La nueva ley establece límites a la libertad de expresión y de manifestación sobre la base de un relato que explica la Guerra Civil con una lógica maniquea que responde a una interpretación de parte (el PSOE, a diferencia del PP, fue parte activa de la Guerra Civil) que parecía superada tras el pacto de la Transición.

"Víctimas de la guerra"

Es cierto que el texto hace alusión a "todas las víctimas de la guerra y la dictadura". Pero basta con una lectura atenta del mismo para comprobar que el concepto de víctima queda reservado a los represaliados por el franquismo.

Dicho de otra manera: el Gobierno omite en la ley a las víctimas del bando republicano. Con un detalle añadido. Los defensores de la ley afirman que las víctimas del bando republicano ya fueron reconocidas por el franquismo tras la guerra. Pero a renglón seguido se afirma que los actos del franquismo fueron ilegítimos.

La incoherencia es evidente. Porque las víctimas de la Guerra Civil, todas ellas, merecen reconocimiento de la democracia, no del franquismo. Y eso sin tener en cuenta que muchos de los asesinados por el bando republicano ni siquiera eran simpatizantes del bando nacional, con lo que magro puede ser el reconocimiento brindado por un régimen con el que no comulgaban.

Pero el elemento clave de la ley es ese artículo 54 con el que se pretende resignificar el Valle de los Caídos. Porque esa resignificación pasaría, de hacer caso a las asociaciones que defienden la ley, por la voladura de la cruz que corona el monumento. ¿Se atreverá el PSOE a ejecutar la destrucción de la cruz en un acto que sería interpretado no ya como un intento de resignificar el monumento, sino como un desafío a esos dos de cada tres españoles que se confiesan cristianos?

Ideas contra la democracia

El Partido Popular ha anunciado ya que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. Una ley cuya redacción original recibió la advertencia del Consejo del Poder Judicial. Fundamentalmente, por los argumentos planteados para acabar con la Fundación Francisco Franco.

Estos argumentos sostenían que la existencia de dicha Fundación es, en sí misma, una apología del franquismo. La respuesta de los consejeros fue que nuestra Constitución ampara la manifestación de ideas contrarias a los valores democráticos proclamados en la propia Constitución, salvo que esas ideas impliquen una humillación de las víctimas. 

El Gobierno, para regatear una posible declaración de inconstitucionalidad, ha tomado buena nota y ha incorporado en su última versión de la ley los dos argumentos (el de apología y de humillación). Algo que plantea cuestiones relevantes.

¿Dónde pretende establecer el Gobierno el límite de las opiniones sobre la Guerra Civil y el franquismo? ¿Qué pretende considerar como apología del franquismo y humillación de las víctimas de la dictadura? ¿Serán considerados como apología del franquismo los libros históricos, como los de Stanley G. Payne, Julius Ruiz, Manuel Álvarez Tardío o Fernando del Rey, que hablan de la responsabilidad de la Segunda República y el Frente Popular en el estallido de la guerra? 

No parece casual que el Ejecutivo sustituya la Ley de Memoria Histórica por la Ley de Memoria Democrática. Un cambio que parte del adjetivo y que alumbra una distinción que plantea dudas acerca del verdadero objetivo de la ley. Porque ¿qué sería lo contrario de una memoria democrática? ¿Una memoria franquista?

El Gobierno, en fin, debería obrar sin memoria selectiva y con responsabilidad, reconociendo a todas las víctimas por igual y garantizando las libertades individuales. Los tribunales, en último término, dictaminarán si esta nueva ley es compatible con la libertad de pensamiento garantizada por la Constitución.