El Gobierno ha conseguido salvar el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el sector público con el apoyo de ERC. Pero está por ver que sea capaz de regatear también los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los concursos y oposiciones a la Administración Pública.

La controversia sobre el decreto de interinos está lejos de disiparse. La Abogacía del Estado mantiene su posición contraria a una medida que, en último término, permite que se entregue la plaza en propiedad a los interinos que lleven cubriendo el mismo puesto desde hace diez años o más sólo teniendo en cuenta los méritos y sin pasar por una oposición o una prueba.

La sombra de la inconstitucionalidad sobrevuela la medida. ¿No se está incurriendo en una discriminación injustificable al priorizar a los interinos sobre otros concursantes? 

No son pocos los especialistas que recelan de un proyecto de ley que, aun con las últimas modificaciones, parece tener escasas posibilidades de salir adelante. Como denuncia Juan Ignacio Olmos, socio del área laboral y experto en Administración Pública del despacho de abogados Ceca Magán, "es una aberración, una sinrazón jurídica".

Cuestión de discriminación 

El texto actual, como explica INVERTIA, obliga a todas las Administraciones a convocar oposiciones para las vacantes de funcionarios que hayan estado cubiertas por trabajadores interinos durante más de tres años. Si lo traducimos en datos, implica la convocatoria de al menos 260.000 plazas en tres años.

El Ejecutivo pretende facilitar que quienes llevan más de tres años encadenando contratos temporales consigan de manera definitiva la plaza, regularizando una situación de fraude de ley. Lo haría premiando los años de experiencia dentro de la oposición.

Es cierto que la corrección de este problema laboral es una vieja reclamación sindical y una exigencia de la Comisión Europea para recibir parte de los fondos de recuperación.

¿Pero es este motivo suficiente para incurrir en una discriminación de libro? ¿Cómo se explica que un maestro sustituto tenga más opciones de conseguir la plaza que un recién graduado en plena preparación de las oposiciones?

Es esta discriminación establecida por el Estado la que resta posibilidades al decreto.

Posible inconstitucionalidad

Las consultas que hemos realizado en este diario inducen a pensar que este real decreto ley, pactado entre el Gobierno y los sindicatos, está condenado a una vida muy corta. Porque, en las condiciones actuales, parece chocar con la Constitución.

Ni siquiera la fórmula ingeniada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, parece suficiente. Una fórmula que se basa en el Estatuto Básico del Empleado Público y que acepta que un concurso de oferta pública se rija, con carácter excepcional, "únicamente en la valoración de méritos".

El éxito de la iniciativa dependerá, en fin, de su última redacción. O, lo que es lo mismo, de que la excepcionalidad esté bien argumentada y sea lo suficientemente sólida.

De lo contrario, el Constitucional no tendrá otra salida que tumbarla. En un Estado de derecho ningún Gobierno puede arrogarse la capacidad de pasar por encima de los principios de igualdad garantizados para todos los españoles.