Resulta difícil esquivar la sospecha de que la España multinivel de la que habla el PSOE en su ponencia marco para el 40º Congreso del partido ha arrancado a andar antes de ser aprobada y que lo ha hecho en el mismo sentido en el que ya andaba la vieja España de las autonomías.

Es decir, con Cataluña y el País Vasco en el nivel superior y el resto de las autonomías en el inferior. 

El Gobierno ha restado importancia a la noticia de que las comisiones bilaterales con el Gobierno autonómico catalán se reunirán a partir de ahora cada mes para negociar aumentos de inversión o traspasos de competencias afirmando que esas reuniones son habituales con todas las autonomías.

Pero lo cierto es que no lo son. Ni en su frecuencia ni en sus acuerdos, que en el caso catalán suelen arrojar siempre un saldo netamente favorable a los intereses de los partidos nacionalistas catalanes y con unas inversiones y unos traspasos de competencias (en el caso de la reunión de este lunes, la de las becas universitarias y la de la gestión del MIR) que parecen vetados a otras comunidades.

Desigualdad entre españoles

Un tuit de Isabel Díaz Ayuso en referencia precisamente al traspaso de la gestión de MIR ha puesto de relieve cuál es el efecto en la práctica para los ciudadanos españoles de esos traspasos de competencias aparentemente inanes. Porque si la gestión del MIR pasa ahora a manos de la Generalidad, "un catalán podrá formarse en Madrid pero un madrileño no podrá formarse en Cataluña". 

Mención aparte para esa anunciada inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de Barcelona. Una inversión que permitiría poner las condiciones para que El Prat se convirtiera en un centro de conexión de vuelos internacionales (algo que en última instancia depende de que las compañías aéreas lo vean y lo utilicen como tal) y que Pablo Casado se ha apresurado a aguar con el argumento de que esa inversión la dejó aprobada el PP y que lo único que ha hecho Pedro Sánchez es desbloquearla. 

El encuentro bilateral ha acabado sin embargo con el desencuentro entre el Gobierno y la Generalitat acerca de la gestión de los fondos de la UE. Fondos que el Gobierno autonómico catalán pretendía negociar en dicha comisión bilateral y que el Ejecutivo se ha negado a tratar con el argumento de que el ámbito adecuado para ello es la conferencia de presidentes autonómicos que se celebró la semana pasada en Salamanca y a la que no acudió el presidente regional catalán, Pere Aragonès. 

Ventajismo nacionalista

La "profundización en el Estado de las autonomías" parece ser poco más que un nombre nuevo para algo muy viejo: el ya habitual ventajismo nacionalista que le permite negociar en Madrid desde una posición de fuerza cuando PSOE o PP carecen de los escaños suficientes para gobernar en solitario. 

Al resultado de la comisión bilateral entre Gobierno y Generalidad hay que sumar el de la conferencia sectorial del Ministerio de Hacienda sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al que han acudido los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas españolas. 

Mientras la ministra de Hacienda María Jesús Montero anunciaba que 7.250 millones de los 10.500 correspondientes a 2021 ya se habían asignado a las Comunidades Autónomas, representantes del PP le reclamaban de forma insistente la gestión "directa" del 50% de las ayudas.  

La discrepancia no es anecdótica puesto que la entrega por parte de la UE de una segunda remesa de 10.000 millones de euros depende de la rendición de cuentas que haga el Gobierno sobre el reparto y la ejecución de la primera remesa. A cuatro meses del examen de Bruselas, las posiciones de Gobierno y oposición respecto a la gestión de los fondos europeos parecen tan distantes como irreconciliables. 

El Gobierno parece empeñado en clarificar la situación con Cataluña, aún a costa de la desigualdad entre territorios, mientras los recelos respecto al reparto de los fondos de la UE aumentan en las comunidades del PP.

No es el mejor escenario posible para la recuperación de la economía española. Una recuperación para la que PP y PSOE deberían remar juntos. Millones de españoles agradecerían un gran pacto de Gobierno. Y no sólo con respecto a los fondos de la UE, sino también respecto a las comunidades nacionalistas.