Como informa hoy EL ESPAÑOL, fuentes del Gobierno han rechazado "rotundamente" cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el sentido deseado por el PP. "El Poder Judicial tiene que tener base democrática, no endogámica. Y, por tanto, tiene que salir de las Cortes, que es donde reside la soberanía nacional". 

El argumento del Gobierno, el de que cambiar la ley del CGPJ haría que las asociaciones judiciales se "apoderaran" de un Poder del estado, retuerce el sentido de la Constitución y va en contra de lo exigido por la UE y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Un órgano dependiente del Consejo de Europa y que ha advertido en repetidas ocasiones de la falta de independencia judicial en España por la negativa de PP y PSOE a reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. 

Los argumentos del PSOE son estrictamente ideológicos. De acuerdo con el Partido Socialista, devolver la elección de los vocales del CGPJ a los jueces respondería a "una ordenación ideológica". Según el PSOE, el Poder Judicial se ha de parecer lo máximo posible a la representación parlamentaria de las Cortes Generales.

Del argumento del PSOE se deriva la conclusión de que la justicia en España no es ciega, sino que obedece a intereses ideológicos. De su argumento se deriva también una segunda y muy cínica conclusión: dado que la justicia en España obedece a intereses ideológicos, mejor que sean los intereses del Gobierno que no los de los jueces. El razonamiento se comenta por sí solo. 

No está falto de culpa el PP, que sabe que la única salida a la crisis actual consiste en aceptar la renovación del CGPJ con la ley vigente y cambiar luego esta en cuanto llegue al Gobierno. Algo que no hizo cuando estaba en su mano, incluso con mayoría absoluta, y que resta credibilidad a su cerrazón actual.

Obcecación irracional

A la vista de lo expuesto, es evidente que tanto PP como PSOE parecen más empecinados en el no que abiertos a negociar el sí.

Es cierto que ambas obligaciones, la del PP de aceptar la renovación del CGPJ con la ley actual y la del PSOE de aceptar que la elección de los vocales del máximo órgano rector de los jueces sea devuelta a estos (como pide la UE), son estrictamente morales y que ninguno de los partidos está violando ninguna ley al persistir en su bloqueo. 

Pero si el PP analizara el escenario con frialdad se daría cuenta de que es políticamente inaceptable que el CGPJ siga sin ser renovado casi 1.000 días después de la fecha de caducidad de su mandato.

Lo exige la UE

Si el PSOE desechara el filtro ideológico con el que está analizando el problema se daría cuenta de que su negativa a devolver el Poder Judicial a los jueces le emparenta con los países de la UE menos respetuosos con la separación de poderes y más hostiles a los parámetros democráticos del resto de miembros del club europeo.   

Ambos partidos están, quieran o no, en fuero de juego. Obcecados por igual, insisten en enterrar más y más su cabeza en el suelo, mientras se degrada poco a poco la imagen de la clase política y del Poder Judicial, caricaturizado por Podemos y por otros partidos populistas como una casta de filofranquistas que impide la transición de España hacia una democracia plena con una justicia popular que dé carta de naturaleza a las obsesiones ideológicas de los morados. 

Acepte el PP que el CGPJ debe ser renovado, y que no hay otra opción que hacerlo con la ley actual. Y acepte el PSOE que ese periodo de la democracia española en la que los políticos han escogido a los jueces tiene fecha de caducidad. No lo exige (sólo) el PP: lo exige la Constitución y la UE.