La vaguedad de las notificaciones de la Fiscalía al Rey Emérito en las que el Ministerio Público le avisó de que estaba siendo investigado por "indicios" de delito, y el hecho de que este regularizara tributariamente su situación tras recibirlas, permite sospechar que su intención era precisamente la de poner sobre aviso a Juan Carlos I para que este saldara sus cuentas con Hacienda antes de que la investigación siguiera adelante. 

Dicho de otra manera. La inconcreción de esas notificaciones permitió que el rey regularizara su situación sin incurrir en un posible delito fiscal. La Fiscalía le dio así al Emérito una oportunidad de la que no suelen disfrutar los ciudadanos españoles investigados por delitos similares. 

Porque si esas tres notificaciones de la Fiscalía hubieran concretado los hechos investigados y/o su posible calificación penal en vez de limitarse a hablar de "indicios", el Rey no podría haber realizado sus dos regularizaciones. La primera, en diciembre de 2020, por valor de 678.393 euros. La segunda, en febrero de 2021, por valor de 4,4 millones de euros. 

En vía muerta

La vaguedad de la comunicación de la Fiscalía permitió, en definitiva, que el Emérito realizara esas regularizaciones tributarias sin violar el artículo 305.4 del Código Penal, que exige saldar las deudas que se tengan con Hacienda antes de tener conocimiento previo de las diligencias. 

Las diligencias de investigación vencen el próximo diciembre y no serán ampliadas salvo que surjan nuevas pruebas que permitan avanzar en las pesquisas. Esas nuevas pruebas podrían encontrarse en la documentación facilitada por la Fiscalía de Jersey relativa a una estructura de trusts que podría estar relacionada con el Emérito. Pero no existen pruebas que permitan confirmar esa tesis por el momento. 

El Rey respira aliviado

El hecho de que la Fiscalía haya decidido archivar la investigación es señal de que da por buenas las dos regularizaciones efectuadas por el rey Emérito. La explicación es obvia: si la Fiscalía considerara que esas regularizaciones tributarias han violado el Código Penal, la investigación no sería archivada.

El archivo de las pesquisas de la Fiscalía no impide, sin embargo, que puedan surgir nuevas líneas de investigación que obliguen en un futuro a la reapertura de la investigación. Pero sí suponen un alivio, por lo menos temporal, para el rey Emérito, que ve alejarse el riesgo de una querella frente al Tribunal Supremo que habría sido demoledora para su persona y para la institución de la Corona. 

Pero es difícil defender la tesis de que las comunicaciones de la Fiscalía no pusieron sobre aviso al rey con el argumento de que estas podrían haberse referido a otros posibles delitos que no tuvieran relación con su situación fiscal. Primero, porque las denuncias de Corinna Larsen no hacen referencia a más delitos que los económicos.

Y, en segundo lugar, porque el hecho de que el rey se apresurara a regularizar sus cuentas tras recibir esas notificaciones parece indicar que si la Fiscalía no sabía todavía en ese momento qué partes de la fortuna del Emérito incurrían en irregularidad, este sí lo sabía perfectamente. Y de ahí sus dos regularizaciones.

La sospecha de los ciudadanos es en este caso legítima.