El Tribunal Supremo solicitó ayer a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que comunique la fecha de comienzo de la pena de inhabilitación especial de 45 días para el derecho a sufragio pasivo que recae sobre Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agente de la autoridad.

El presidente del Supremo, Manuel Marchena, tomó la decisión después de que la Mesa de la Cámara entendiera, en contra de la sentencia que condena a Alberto Rodríguez y amparándose en un informe de los letrados del Congreso, que no era necesario retirarle el acta al diputado de Podemos tras haber sido sustituida a efectos de ejecución su pena de cárcel su pena de cárcel por el pago de una multa de 540 euros.

PP, Ciudadanos y Vox, que afirman que la condena debe ir de la mano de la retirada del acta de diputado por el periodo estipulado, han remitido a la Junta Electoral Central un escrito que permita resolver la cuestión de la inelegibilidad. 

“Vamos a pelear para que esta situación no se mantenga” ha dicho el portavoz del partido de Inés Arrimadas, Edmundo Bal. Su homónima popular, Cuca Gamarra, ha añadido: “No caben justificaciones ni interpretaciones. Sólo cabe cumplir la ley y ejecutar la sentencia: Alberto Rodríguez debe dejar su acta”.

Lectura más favorable

No cabe duda de que la Mesa del Congreso se ha decantado por la lectura más favorable a los intereses de Rodríguez y que PSOE y Podemos se han aferrado a esta para evitar a los morados el mal trago de expulsar del escenario político a uno de los suyos.

Pero tampoco cabe duda de que el Tribunal Supremo está legitimado para exigir a la presidenta del Congreso que informe acerca de la fecha de comienzo de la pena de inhabilitación al entender, como entiende EL ESPAÑOL, que la decisión de los letrados y de la Mesa del Congreso es difícilmente sostenible jurídicamente. 

No se habría llegado a esta situación si Unidas Podemos se rigiese por los estrictos estándares morales que siempre ha exigido al resto de formaciones políticas del Congreso de los Diputados. 

Zona gris

Desde su germinación como partido, Podemos ha exigido de forma vehemente que cualquier diputado imputado sea apartado de su cargo sin demora. Pero ha bastado con su llegada al Gobierno para que Podemos se haya visto asaltado por la amnesia. Cada vez que un cargo de Podemos es condenado por la Justicia, algo que ya se ha convertido en un hecho recurrente en la política española, los morados se escudan en el victimismo y se proclaman perseguidos por un Estado represor y antidemocrático.

Su reacción defensiva ante el caso Rodríguez deja claro cuál es su postura frente al Estado de derecho. La de refugiarse en las zonas grises, en los recovecos de la norma, como durante tantos años ha hecho el nacionalismo catalán con, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a la inmersión lingüística, para mantener una actitud rebelde que no les comprometa más allá de lo deseable. 

De lo que no cabe duda es de que la discrepancia entre la Mesa del Congreso y el Tribunal Supremo no debe convertirse, ni mucho menos, en una nueva batalla entre instituciones. No sería beneficioso para nadie.

Es tarea del PSOE, por tanto, lograr que su socio de Gobierno obedezca la sentencia que condena a uno de los suyos y que Alberto Rodríguez sea expulsado no ya del Congreso, sino de la política. No le estará exigiendo nada que Podemos no haya prometido una y otra vez antes de entrar en las instituciones con el marchamo de "la regeneración".