Después de un largo periodo de bloqueo institucional, PP y PSOE llegaron ayer a un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. El acuerdo de los dos principales partidos españoles es bueno por dos motivos.

El primero, el acuerdo en sí, que demuestra que PP y PSOE son capaces de pactar en asuntos clave para la estabilidad y el normal funcionamiento de la democracia española sin caer en ventajismos, tacticismos ni sectarismos, poniendo el interés de los españoles y el respeto a la Constitución en primer plano.

El acuerdo se ha demorado mucho más de lo que habría sido deseable, pero la rapidez con la que se ha cerrado (apenas una semana ha bastado para ello) demuestra que el problema no era tanto de nombres como de oportunidad política. 

Un acuerdo meritocrático

El segundo motivo de satisfacción son los nombres escogidos por PP y PSOE. Nombres que demuestran que en la decisión de ambos partidos ha pesado el criterio meritocrático, aunque no en todos los casos. En líneas generales, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal de Cuentas se han incorporado, por ejemplo, perfiles técnicos con experiencia en gestión además de profesionales de reconocido prestigio. 

Entre los cuatro nombres que recalaran en el Tribunal Constitucional figuran Concepción Espejel, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y que desde junio de 2017 es presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, e Inmaculada Montalbán, exvocal del CGPJ a propuesta del PSOE. 

Enrique Arnaldo, el tercer escogido, es letrado en Cortes y catedrático de Derecho Constitucional, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha sido propuesto por el PP. El cuarto escogido es Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y al que se le atribuye un perfil a la izquierda del PSOE, quizá como gesto hacia Podemos.

El acuerdo permitirá, además, que el nuevo presidente del Tribunal Constitucional sea Pedro González-Trevijano, escritor y humanista de acreditada capacidad intelectual que fue designado juez del Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013. 

Guiño a las víctimas

El criterio meritocrático ha sido aplicado también por PP y PSOE al resto de órganos constitucionales renovados. En el Tribunal de Cuentas se perfila como presidenta la consejera Enriqueta Chicano, nombrada a propuesta del PSOE y con un perfil profesional de acreditada solvencia.

También el nombramiento de Ángel Gabilondo como defensor del Pueblo y el de la senadora popular María Teresa Jiménez Becerril como adjunta primera al cargo son una buena noticia.

La designación del exministro de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero y excandidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid demuestra que los puentes entre los partidos centrales de nuestro país siguen en pie y que el consenso es posible por el centro, a salvo de los pactos envenenados que ofrecen los populismos.

El nombramiento de la segunda lanza un guiño nada disimulado a las víctimas del terrorismo.

El siguiente paso será acelerar las negociaciones por la renovación de un CGPJ que lleva en funciones desde julio de 2018. En este sentido, hará bien el PP en aceptar el nombramiento de una cúpula judicial a partir de la legislación actual a cambio del compromiso del PSOE de aceptar un cambio en la ley que tenga en consideración los deseos de Bruselas, que demanda una mayor despolitización del Poder Judicial y que los jueces sean escogidos por los propios jueces, y no por los políticos.