El pacto entre el PP y el PSOE para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos ha caído como una bomba entre los partidos populistas. Pero sobre todo en Unidas Podemos, la formación que tiene hoy más a perder con el acuerdo, y que ha escenificado su indignación amenazando a los socialistas con romper el Gobierno de coalición y querellándose por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Las excusas para la 'llamada a consultas' del PSOE por parte de Podemos no ha sido el pacto en sí, del que los morados han dicho sentirse satisfechos, sino la retirada del escaño al diputado Alberto Rodríguez, condenado por patear a un agente de la Policía Nacional, y la supuesta injerencia de Nadia Calviño en la reforma laboral, que los de Yolanda Díaz consideran competencia exclusiva suya. 

El primer punto conflictivo se despacha rápido. Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, no tenía otra opción que expulsar de su escaño a Alberto Rodríguez.

Y, de hecho, el dictamen de los letrados del Congreso y la petición de aclaraciones al Tribunal Supremo acerca del alcance de su sentencia ya rozaban de forma peligrosa las estrategias dilatorias aplicadas por el nacionalismo catalán en su parlamento regional para evitar aplicar las sentencias judiciales que no les convienen. 

Querella contra Batet

La contundente respuesta del Supremo, casi desdeñosa en sus términos (el texto de Manuel Marchena llega a decir que no entra en sus funciones aclarar las dudas jurídicas de la presidenta del Congreso), no dejaba otra opción que ejecutar la sentencia de inmediato y sin mayor dilación. Lo contrario habría sido prevaricar. 

El hecho de que haya sido Ione Belarra la que ha acusado de prevaricación nada más y nada menos que a Batet evidencia que la presencia de un partido antisistema como Podemos en un Gobierno de una democracia madura es indefendible. La supervivencia del Gobierno no justifica en ningún caso el daño a la democracia y a las instituciones que ha provocado Podemos en tan poco tiempo. 

Y prueba de ello es la querella que Podemos ha presentado contra Batet. Una querella cuya posibilidad de prosperar es nula, pero que pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez y demuestra, por si hicieran falta más pruebas, que su principal enemigo está hoy dentro de la Moncloa. Porque Batet es la tercera autoridad del Estado, tras el rey y el presidente del Gobierno, y la querella de Podemos no es sólo una aberración política, jurídica e institucional, sino también una declaración de guerra en toda regla.   

Colaboración, no intromisión

El segundo punto se despacha todavía con mayor rapidez. Como de forma muy diplomática ha expuesto Pedro Sánchez, Nadia Calviño no se está entrometiendo en las competencias de Yolanda Díaz, sino colaborando con ella.

"Lo que hay", ha dicho Sánchez, "es un aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesitan también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país". 

Obviamente, tanto el PSOE como Podemos saben que Nadia Calviño, representante del sector más tecnocrático del Gobierno, ha entrado en la negociación para frenar los destrozos que podría provocar Podemos en el mercado laboral si la reforma es puesta en sus manos de forma exclusiva.

De hecho, el presidente se ha negado a utilizar la palabra "derogación" en referencia a la reforma laboral de Mariano Rajoy, y ha utilizado en su lugar el eufemismo de "reforma integral". Una forma como cualquier otra de decir que la reforma no será la que pretende Podemos, sino la que pacten el Gobierno, los sindicatos y la patronal bajo los auspicios de Bruselas, el verdadero último hombre de la defensa de la ortodoxia. 

Al fondo de ambas discrepancias late el nerviosismo de Unidas Podemos por un pacto entre PP y PSOE que demuestra que ambos partidos se bastan y se sobran por sí solos para alcanzar grandes acuerdos de Estado. Si algo positivo sale de esta crisis es la demostración de que populistas, radicales y nacionalistas son innecesarios y que los beneficios a corto plazo derivados de su apoyo siempre acaban siendo menores que los daños provocados en las instituciones a largo.