Con la treintena de enmiendas que PSOE y Unidas Podemos han acordado para la Ley de Memoria Democrática los socialistas asumen la tesis podemita de que el franquismo duró hasta 1982. Es decir, que la democracia no llegó de forma plena a España hasta la victoria de la izquierda, liderada por Felipe González, en unas elecciones generales.

Las treinta enmiendas, que entre otras medidas prevén la creación de una Fiscalía que investigue los crímenes del franquismo hasta 1982, se detienen justo a tiempo para evitar que esas investigaciones se extiendan hasta los GAL. Unos GAL que no resulta difícil ver como el último verdadero ramalazo del franquismo en España. ¿O es que hay algo más estrictamente franquista que los crímenes de Estado?

Las enmiendas, dudosamente constitucionales, tienen como objetivo apaciguar a ERC y a Podemos, que pretendían demoler la Ley de amnistía de 1977. Gabriel Rufián, de hecho, ha comparecido frente a la prensa para pinchar el globo de las enmiendas. Un globo cuya gravedad no está tanto en su hipotético futuro recorrido jurídico como en su significado político. 

Porque si estas enmiendas son aprobadas, lo único que conseguirá el Gobierno será dividir de nuevo a la sociedad española en dos bandos: el de los que creen que la democracia sólo será legítima cuando se reinicie la historia en el punto en el que todo se torció para ellos (es decir en 1936) y el de los que miran adelante y comprenden que la democracia no es más que un pacto entre contrarios por una convivencia ordenada.

Si el objetivo es dividir, crispar y revivir viejos rencores, parece evidente que la Ley de Memoria Democrática avanza por buen camino. 

Una democracia imposible

Si algo demuestran las treinta enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática es que los socialistas siguen perdidos en el laberinto de sus pactos con unas fuerzas radicales y populistas que, de haber existido en 1978, habrían hecho del todo imposible la llegada de la democracia a España.

La ironía, la trágica ironía, está a la vista de todos. Son aquellos que trabajan hoy con más empeño para dividir a los españoles y demoler el Estado de derecho y la Constitución del 78 los que han arrastrado a un partido de gobierno como el PSOE a un delirante revisionismo de la Transición. Y ejemplo de ello que haya sido precisamente Enrique Santiago, apologeta de dictaduras comunistas atroces, uno de los principales encargados de defender las treinta enmiendas frente a la prensa. 

Una democracia consolidada

Sería irresponsable restarle importancia a este nuevo paso de las izquierdas hacia la deslegitimación de la democracia y de la Transición española.

Pero sería igualmente irresponsable olvidar que España es hoy una democracia consolidada cuya estabilidad descansa sobre cuatro pilares rocosos: la Unión Europea, la Corona, el Poder Judicial y la lealtad absoluta a la democracia constitucional del Ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Mientras esos cuatro pilares existan, la extrema izquierda y el nacionalismo no tendrán la menor posibilidad de alcanzar sus objetivos finales. 

El cortoplacismo del PSOE, que le obliga a supeditar todos y cada uno de sus pasos a los caprichos y las exigencias de partidos incompatibles con una gestión adulta de los distintos intereses nacionales, no cesa de generar puntos de fricción allí donde hasta ahora no existían.

La irresponsabilidad del Gobierno es flagrante. El camino del guerracivilismo no conduce a ningún lugar sano y la democracia española debería observar con atención el ejemplo chileno para darse cuenta de lo rápido que un Estado de derecho consolidado cae en la ingobernabilidad cuando se socavan los cimientos de la convivencia reviviendo fantasmas que habían sido felizmente olvidados por la ciudadanía.