Lejos de amainar, la presión de la Generalidad y de los vecinos de Canet de Mar contra la familia del niño de cinco años que ha pedido que se respete su derecho a recibir el 25% de las clases en español se ha redoblado durante las últimas horas de forma tan incendiaria como inhumana. 

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, ha añadido leña al fuego dando las gracias a las familias de la localidad que han "defendido" la inmersión lingüística. Cambray ha calificado de "ataque intolerable" las sentencias judiciales que han puesto fin a la inmersión lingüística.

Luego, Cambray ha afirmado que no existe "ningún problema" con la lengua y se ha negado a responder a la prensa en español, demostrando que ese problema existe y está siendo espoleado de forma irresponsable por los propios gobernantes catalanes. 

Pero lo que han hecho esas familias de Canet de Mar, y lo que está por tanto defendiendo el consejero regional, no es dar su apoyo a un modelo educativo concreto (el que defiende que el 100% de las clases se den en catalán) definitivamente anulado por el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo y el Constitucional, sino presionar, acosar y amenazar a una familia que sólo ha solicitado que se respeten sus derechos. 

Paralelismos segregacionistas

En la línea del editorial publicado por EL ESPAÑOL el pasado martes, y de la viñeta de Tomás Serrano del mismo día, Ciudadanos ha comparado el acoso al niño de Canet de Mar con el caso de Ruby Bridges, la primera niña negra que acudió, en la Luisiana de 1960, a una escuela exclusivamente para blancos.

Ruby Bridges (que, como su equivalente catalán, tenía también cinco años) tuvo que caminar hasta la escuela escoltada por tres policías federales para evitar las agresiones de los racistas que la amenazaban.

La comparación no es exagerada. Frente a la pasividad del Gobierno y el silencio de esos partidos de izquierdas que gastan sus días viendo por todos los rincones de España el resurgir de los gigantes fascistas, pero que se tornan súbitamente ciegos cuando estos blanden frente a sus ojos una estelada, un niño de cinco años está viviendo una campaña segregacionista de hostigamiento y amenazas que cualquier demócrata imaginaría imposible en la Europa de 2021.  

Alerta en Bruselas

Ciudadanos y Sociedad Civil Catalana han llevado el caso hasta Bruselas, donde han exigido al comisario de Justicia de Europa, Didier Reynders, que tome cartas en el asunto para obligar al Gobierno catalán a que respete las sentencias judiciales que obligan a que las escuelas de la región ofrezcan un 25% de las clases en español.

El caso del niño de Canet de Mar, transformado ya muy a su pesar en un icono de los derechos civiles, amenaza con convertirse en una bola de nieve que acabaría perjudicando muy gravemente la imagen de España en la Unión Europea. Cataluña no puede convertirse en un pozo negro de la democracia y de los derechos civiles en una Europa que ha hecho de la defensa de estos su principal rasgo de identidad. 

Mientras las formaciones autopercibidas como progresistas callan, el nacionalismo incrementa la presión sobre el niño e incluso llama a que le sea retirada la custodia a sus padres. El Gobierno no puede dejar pasar el tiempo con la esperanza de que el acoso amaine o se olvide. Porque cada hora que pasa sin intervenir, los segregacionistas catalanes se envalentonan un poco más ante la evidencia de su impunidad.