Cuatro días han tenido que esperar los ciudadanos españoles para conocer los datos de contagio de la epidemia de Covid-19 desde la última vez que esa información se actualizó, el pasado jueves 23 de diciembre.

Como única excepción en el grupo de 143 naciones que notifican a diario y de forma puntual dicha información, el Gobierno español retrasó ayer hasta después del final de los telediarios la noticia de que España ha superado por primera vez los 1.200 puntos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Normalmente, esos datos se suelen dar a las 19:00 horas. 

En el mejor de los casos, ese retraso es una falta de respeto a unos ciudadanos que, en plenas vacaciones de Navidad, cuentan con esa información para planificar las fiestas con sus familias. En el peor de los casos, es un intento deliberado del Gobierno de enterrar unas cifras pésimas: 214.619 nuevos casos desde el jueves y 120 nuevos fallecimientos. 

Con estos datos, España encadena cuatro días consecutivos de cifras récord de positivos desde los 72.912 contagios del jueves. En Navarra y La Rioja, la incidencia acumulada supera ya los 2.000 casos. En el País Vasco, Madrid y Castilla y León supera los 1.700. La subida global es, por lo tanto, de casi 500 puntos desde el jueves.

Una mala excusa

El Gobierno se ha escudado en una mala excusa al afirmar que esos datos no se han dado antes porque algunas comunidades no entregan sus informes en sábado y domingo. ¿Justifica entonces la cogobernanza que cada comunidad haga de su capa un sayo y decida dar o no dar datos del avance o del retroceso de la pandemia en función de criterios de conveniencia o de comodidad particulares y no del interés general?

Es cierto que, como decía el presidente del Gobierno la mañana de este lunes, la variante ómicron de la pandemia es altamente contagiosa, pero de una virulencia mucho menor que otras variantes. Algo que, en opinión de muchos expertos, podría ser una señal de que estamos frente al principio del fin de la epidemia de la Covid-19. 

Pero esa hipótesis, que EL ESPAÑOL confía en que sea la correcta, no puede servir de excusa para que el Gobierno haga dejadez de su obligación y retrase la comunicación de unos datos que no le pertenecen a él, sino a todos los ciudadanos españoles.

Y si el objetivo es evitar que el alarmismo ponga en riesgo la recuperación de una economía española que ya no soporta más restricciones, que tenga la valentía de reconocerlo abiertamente como hizo Isabel Díaz Ayuso en su momento. A pesar de las críticas, por cierto, del propio Gobierno y de las comunidades del PSOE.