La desinformación, los bandazos y las rectificaciones del Gobierno y de las comunidades en su lucha contra la Covid han alcanzado durante los últimos días, coincidiendo con la llegada de la variante ómicron a España, grado de pandemia. El resultado es el desconcierto de los ciudadanos frente a un escenario cuya gravedad (o levedad) ningún líder político ha sido capaz de determinar con un mínimo de seguridad y de credibilidad. 

Las medidas contradictorias se acumulan. La publicación de los datos de incidencia del virus se retrasa hasta la hora de finalización de los telediarios. Hoy, Sanidad y las comunidades decidirán acerca de una posible reducción del periodo de cuarentena de los positivos por Covid de diez a cinco días, una medida cuya motivación parece ser sólo económica y que es rechazada por una buena parte de los científicos. Lo harán después de que doce de esas comunidades hayan notificado un nuevo récord de contagios. 

El Gobierno, por su lado, dice confiar en que ómicron remita en enero "porque la economía no aguanta más restricciones", pero se pone de perfil frente a las comunidades y deja que sean estas las que, con criterios dispares, decidan por su cuenta cómo afrontar el incremento de los contagios y la consiguiente presión en los centros de salud.

Una presión, además, generada no tanto por la gravedad del cuadro médico provocado por la ómicron como por ese alarmismo que ha conducido a cientos de miles de ciudadanos a exigir un test PCR sin mayor motivo para ello que su tranquilidad personal. Un síntoma más del caos que ha brotado entre los ciudadanos ante la falta de liderazgo y el desgobierno de las autoridades españolas. 

Medidas contradictorias y absurdas

Valga un solo ejemplo como muestra del citado desgobierno. Mientras la Comunidad de Madrid permite (de momento) las macrofiestas de fin de año y aboga por la reducción de la cuarentena en caso de contagio, se mantiene ambigua respecto a la posibilidad de que la vuelta a los colegios se retrase durante un periodo indeterminado de tiempo tras las fiestas de Navidad.

¿Qué sentido tiene abrir la mano en un caso y cerrarla en el otro en una decisión que parece dictada por el miedo a la reacción de los afectados más que por criterios sanitarios?

Pero Madrid no es una excepción de la regla general. El resto de las comunidades acumulan contradicciones similares frente a la dejadez de un Gobierno cuya principal medida durante los últimos días ha sido la más absurda y sanitariamente inútil de todas ellas: la de volver a obligar a llevar mascarilla en exteriores. ¿Los motivos? Sanitario, desde luego, ninguno. Propagandísticos, quizá alguno más. 

Fatiga pandémica

EL ESPAÑOL ha insistido una y otra vez a lo largo del último año y medio en la necesidad de unificar el mando de la lucha contra la pandemia, evitando el pandemonio generado por 17 comunidades obligadas a actuar por su cuenta y riesgo. También hemos defendido esa ley de pandemias que Pablo Casado ha exigido una y otra vez, pero que a estas alturas llegaría ya vergonzantemente tarde para servir de algo útil. 

La fatiga pandémica agota ya tanto a los ciudadanos como a los políticos. Pero la responsabilidad de ambos no es equivalente. Porque son los líderes políticos los que deben afrontar la lucha contra la pandemia y señalar el rumbo del país con firmeza, valentía y decisión, y teniendo en cuenta criterios tanto sanitarios como económicos.

Si se apuesta por la posibilidad de que ómicron sea, como defienden algunos expertos, el canto del cisne de la epidemia, que se apueste entonces con todas las consecuencias, aunque sin descuidar la imprescindible prudencia. Recordemos, en fin, que esa esperanza es, hoy, sólo una hipótesis y que nadie garantiza que no surjan nuevas variantes potencialmente más letales que la ómicron.

Y si se opta por la segunda opción, la de la prudencia, que las medidas destinadas a evitar el incremento exponencial de los contagios sean claras y comunes a todos los españoles. Pero, sobre todo, útiles y coherentes.