Como informa hoy EL ESPAÑOL, las comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón, Navarra y La Rioja han decidido dar por válidos los test de antígenos realizados en casa. Cualquier ciudadano de esas regiones podrá así solicitar una baja médica alegando que su test ha dado positivo, sin mayor requisito que la simple comunicación de ese resultado. 

El sistema, que pretende aliviar la presión sobre los centros de salud a los que acuden en masa los ciudadanos para hacerse el test, tiene serios inconvenientes. 

El primero de ellos es su falta de fiabilidad. Las autoridades sanitarias han insistido repetidas veces en la idea de que un resultado positivo del test de antígenos es, en un muy alto porcentaje de los casos, garantía de la presencia del virus. Pero un resultado negativo no garantiza al 100% la inexistencia de este. 

El segundo de ellos es la picaresca que puede generar. Si la simple declaración de un ciudadano por teléfono, a través de una APP o de una dirección de mail sirve para dar por bueno el resultado, ¿quién garantiza que el resultado es cierto? ¿Quién garantiza, de hecho, que el test haya sido realizado?

Sólo Aragón exige una declaración jurada que avale el resultado positivo. Pero tampoco ese requisito es un grave impedimento para la picaresca. 

¿Un sistema seguro?

Los gobiernos autonómicos se defienden aludiendo a la responsabilidad de los ciudadanos. Pero ni siquiera es necesario presuponer la mala fe de un trabajador absentista. Un ciudadano puede mentir para evitar acudir a un puesto de trabajo por simple miedo a la Covid-19, incluso cuando todas las medidas de seguridad se han respetado y los riesgos en ese puesto de trabajo son mínimos. 

Fuentes autonómicas consultadas por EL ESPAÑOL afirman que el sistema es "seguro". Pero ese sistema exige también la participación de un médico de Atención Primaria. Y no para certificar la veracidad del test de antígenos, sino para facilitar los trámites burocráticos. Es decir, el sistema ni siquiera evita el pantano de la burocracia. 

Por más comprensible que sea el propósito de la medida (descongestionar los centros de salud) son tantos sus puntos débiles que EL ESPAÑOL aconseja su retirada o, como mínimo, su replanteamiento. Sin la intervención de un profesional sanitario, y las farmacias serían el lugar ideal en el que garantizar la veracidad de esos tests, las pruebas domésticas no pueden ser usadas como prueba de infección.

Gestión sanitaria común

Quien consiga una baja gracias a este sistema debería por lo menos comprometerse a realizar un nuevo test de antígenos a diario hasta que le sea realizada una prueba PCR definitiva.

Las declaraciones unilaterales carecen de cualquier garantía tanto para las empresas, que podrían ver muy seriamente dañada su productividad por una avalancha de bajas no probadas, como para los trabajadores, que quedarían a merced de unas empresas que podrían decidir despedirles si presuponen su mala fe. 

EL ESPAÑOL insiste de nuevo en la necesidad de una gestión sanitaria común de la pandemia que evite el caos autonómico y la adopción de una miríada de medidas contradictorias e improvisadas que generan más caos del que acaban evitando.