Yolanda Díaz cerró ayer, sin sorpresas y de la mano de los sindicatos, un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que pasará a ser de 1.000 euros en 14 pagas a partir del 22 de febrero, cuando llegará al Consejo de Ministros para su aprobación.

El incremento de 35 euros cumplió con un requisito ineludible de CCOO y UGT para firmar el acuerdo: que alcanzara los cuatro dígitos. Y es coherente, a su vez, con la promesa del Gobierno de situar, para el final de su legislatura en 2023, el SMI en 1.200 euros. O, lo que es lo mismo, en el equivalente al 60% del salario medio del país que recoge la Carta Social Europea.

Si bien el acuerdo con los sindicatos se daba por descontado, demostrada la indivisibilidad ideológica y práctica de la ministra de Trabajo y los sindicalistas, llama la atención la falta de sensibilidad con patronal en un asunto tan delicado. Es cierto que el Gobierno no tenía ninguna obligación de convocar el diálogo social para aprobar la iniciativa. Pero ¿qué mensaje traslada al marginar a los empresarios de la ecuación? ¿No habría ganado crédito repitiendo la unidad generada para la reforma laboral?

Ya no es sólo que sean los empresarios, a fin de cuentas, quienes van a soportar el peso del incremento de los costes laborales. Es también por el momento escogido para hacerlo.

Argumentos ideológicos

Ningún empresario es ajeno al descalabro económico que provocó la pandemia en España, el país que más se hundió en 2020 y el que está creciendo a menor velocidad (a pesar de las inverosímiles previsiones del Gobierno). Como recuerdan las organizaciones empresariales, mientras la remuneración de los trabajadores ha vuelto a los niveles de 2019, el excedente bruto de explotación de las empresas es un 6,6% inferior a ese año, muy lejos de la normalidad.

Tampoco son indiferentes los empresarios a los gravísimos problemas en las cadenas de suministro internacionales o al encarecimiento de las materias primas. De modo que cabe preguntarse si era este el momento para descargar más peso sobre los hombros de los empresarios, y si han primado los argumentos ideológicos sobre los económicos.

Jugar con fuego

La mejora de las condiciones salariales y laborales de los españoles es una asignatura pendiente. Pero no se puede negar que aumentar el salario mínimo en un 36% en una sola legislatura, sin tener en cuenta que hay sectores como el agrícola que no pueden asumirlo, es jugar con fuego en una economía tan quebradiza como la nuestra.

Los esfuerzos en plena crisis deberían centrarse en premiar la inversión e impulsar la creación de empresas y de empleo para favorecer la recuperación económica. Es la única manera de crear las condiciones en las que las subidas salariales sean sostenibles y asumibles. De lo contrario, se puede producir un efecto indeseado. Que la medida termine por perjudicar, en fin, a quienes precisamente pretende beneficiar.