La paz es ya imposible. Si algo demostraron ayer las comparecencias de Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Teodoro García Egea en relación con los dos escándalos que hoy pesan sobre los populares (la presunta trama de espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y las sospechas sobre el contrato del que su hermano fue comisionista) es que la guerra en el seno del PP no tiene marcha atrás. 

Ayuso denunció una campaña "cruel" de Génova contra ella a partir de una información supuestamente filtrada por la Moncloa a Pablo Casado. Al mismo tiempo, reconoció la labor de su hermano como comisionista de una empresa que recibió una adjudicación de la Comunidad. La presidenta defendió la legalidad de ese contrato y retó a que se demuestre que ha habido tráfico de influencias por su parte.

El alcalde de Madrid negó, por su parte, el espionaje a Díaz Ayuso y afirmó que todos los implicados en él serían cesados. Sólo unas horas después se conoció la dimisión de Ángel Carromero, el fontanero de Génova presuntamente responsable de la contratación (fallida) de un detective para investigar al entorno de la presidenta. Algo extraordinariamente embarazoso para la dirección en la medida en que pudiera pensarse que seguía instrucciones de algún superior en el partido.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció la apertura de un expediente disciplinario a Ayuso y no descartó expulsarla del partido por sus ataques a Pablo Casado, que calificó de "casi delictivos". 

Presunción de inocencia

El escándalo ha alcanzado tales cotas de vodevil que resulta difícil sustraerse del magma de hipérboles y de especulaciones lanzadas por ayusistas, antiayusistas, casadistas y anticasadistas, así como por algunos medios de prensa que parecen haber asumido como misión descabalgar a Pablo Casado de la presidencia del PP. 

¿Qué pensarían quienes hoy se lanzan contra Génova, contra Casado y contra García Egea si quienes aparecieran como comisionistas de algún contrato sanitario fueran un hermano de Pedro Sánchez o del exministro de Sanidad Salvador Illa? ¿Aplicamos un rasero político distinto en función de las simpatías que nos merezca el político afectado? 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que a diferencia de Almeida y Teodoro García Egea no aceptó preguntas de la prensa tras su comparecencia, debe aclarar por tanto todas las dudas que pesan sobre el contrato y la hipotética comisión cobrada por su hermano.

Es cierto que a Ayuso le asiste, como a cualquier otro ciudadano, el derecho a la presunción de inocencia, así como que son los acusadores los que en un Estado de derecho deben demostrar sus acusaciones. Pero también es cierto que de nuestros representantes públicos se exige un plus de transparencia que afecta a todas sus actividades públicas. Especialmente si estas implican a su entorno más próximo. 

Ayuso debe responder a algunas preguntas elementales que permitirían despejar cualquier asomo de duda. ¿Cuándo pasó ese contrato por el Consejo de Gobierno? ¿Conocía la presidenta a la empresa adjudicataria? ¿Sabía que su hermano trabajaba como comisionista para ella? ¿Este nunca se lo comunicó? ¿En qué ha consistido exactamente la labor comercial de su hermano en este caso en concreto?

Son preguntas elementales que no buscan someter a la presidenta a un juicio sumario, sino sólo aclarar las dudas que un caso como este plantea. Especialmente en el contexto de una epidemia durante la cual se relajaron, en toda España, los controles administrativos para la concesión de este tipo de contratos.

Sospechas de actividad ilícita

La torpeza y las zancadillas de Génova no deben por tanto distraer del núcleo de este caso, que es el supuesto cobro de comisiones y/o de tráfico de influencias por parte del entorno familiar de la presidenta de la Comunidad. 

Pero sería injusto también que la posible irregularidad del contrato por valor de 1,5 millones de euros, que todavía debe ser demostrada, desviara el foco de la atención del segundo escándalo que afecta hoy al PP. La presunta investigación prospectiva de Génova al entorno de Díaz Ayuso a la búsqueda de información comprometedora. Una conjetura que también debe ser demostrada antes de pedir responsabilidades políticas por ella. 

Porque si Génova tenía sospechas de alguna actividad ilícita, lo que debería haber hecho es poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Eso habría supuesto alimentar una cacería por parte de sus rivales políticos. Pero habría tenido la virtud de clarificar el escenario y evitar un año entero de filtraciones, rumores y maniobras en la sombra que más recuerdan al antiguo PP (y sólo hace falta recordar el caso de las cremas de Cifuentes) que a ese PP transparente, recto y honrado que Casado prometió al llegar a la presidencia del partido.