La presidenta de la Comunidad de Madrid limitó ayer a 55.850 € la cantidad que su hermano cobró por el contrato para la compra de mascarillas en China por valor de 1,5 millones de euros. El cobro se habría producido en contraprestación por su trabajo y no en concepto de comisión por una supuesta intermediación con la Comunidad de Madrid.

Pocas horas antes, Pablo Casado había afirmado, durante una entrevista en la COPE, que él no permitiría que su hermano cobrara por un contrato adjudicado por su Gobierno. El presidente del PP recordó también que la Ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid prohíbe contratar "con familiares o personas interpuestas". 

Dicha ley afirma en su artículo 4 que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya propiedad participen o en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido alguna parte ellos mismos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil".

No parece ese, a priori, el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que se habría limitado a efectuar un trabajo para la empresa Priviet Sportive SL y a recibir una contraprestación por él. Ayuso se ha negado a especificar, sin embargo, en concepto de qué ha cobrado su hermano los aproximadamente 225.000 euros restantes. 

Control de daños

Ayuso ha hecho una excelente operación de control de daños negando que ella misma o su equipo de Gobierno hayan intervenido en favor de su hermano o de cualquier empresa. Pero aún suponiendo que esos 225.000 € hayan sido cobrados por trabajos no relacionados con la Comunidad de Madrid, ¿por qué no aclara Ayuso dicho punto y despeja todas las dudas que pesan sobre ella?

Es lógica la intención de Ayuso de proteger detalles de la vida profesional de su hermano que no son objeto de esta polémica y que nada tienen que ver con su actuación como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero llegados a este punto, ese ha pasado a ser un detalle secundario. Si la honorabilidad de la presidenta está en juego, esa sospecha debe ser despejada aunque sea a costa de hacer público un detalle privado, y en el fondo irrelevante, de la vida profesional de su hermano.

Gestión por WhatsApp

Como informa hoy EL ESPAÑOL, Díaz Ayuso sí contestó a Pablo Casado después de que este le exigiera explicaciones en septiembre de 2021. La presidenta le habría comunicado a Casado pocos días después la inexistencia de ilegalidad alguna (siempre según la versión de su hermano).

Pero el PP, que ha reconocido la existencia de esos mensajes (a pesar de haber negado pocas horas antes que la presidenta hubiera dado respuesta a sus sospechas), ha afirmado que estos eran insuficientes y que no daban detalles de dicho contrato ni de la cantidad efectivamente cobrada por el hermano de Ayuso. 

Si algo demuestra este punto en concreto es que la comunicación en el seno del PP es manifiestamente mejorable. Que un asunto de esta envergadura se zanje o se intente zanjar con un par de reuniones internas y algunos mensajes de WhatsApp es impropio de un partido que aspira a gobernar España. 

Llegados a este punto, sólo una hipotética investigación de la Fiscalía puede determinar si Isabel Díaz Ayuso ha cometido alguna ilegalidad. Si la Justicia no encuentra motivo alguno de reproche, el asunto habrá queda zanjado jurídicamente. 

Cosa distinta es la vertiente política, que debería despejar el PP mediante una investigación interna. Porque incluso asumiendo la inexistencia de una ilegalidad jurídica es obvio que existe un deber de vigilancia para los representantes públicos que les obliga a extremar las precauciones en casos como este. 

De momento, las explicaciones de Ayuso recuerdan al "todo es mentira, salvo alguna cosa" de Mariano Rajoy. El tiempo determinará cuál es el alcance de esa "cosa".