La noticia de que la inflación se ha disparado en España hasta el 9,8% anual en marzo, la tasa más alta desde 1985, eclipsó ayer el resto de los asuntos de los que habló Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados: la cumbre de la OTAN, las medidas del plan de choque en respuesta a la crisis generada por la guerra en Ucrania o el cambio de rumbo de la diplomacia española respecto al Sáhara Occidental. 

Como explicaba ayer el economista Juan Ramón Rallo, si la inflación mensual del 3% se alargara, la inflación interanual resultante sería del 42,5%. Una cifra estrictamente tercermundista. Daniel Lacalle añadió, también en Twitter, un segundo dato inquietante. La inflación española de marzo ha sido un 29% superior a la alemana. 

La inflación española está ya a la par de la de Bielorrusia (9,9%), Uzbekistán (9,7%) o Paraguay (9,3%), y es incluso superior a la rusa (9,17%). Nuestro vecino Portugal está en el 4,2%, Francia en el 3,6% y Marruecos, también en el 3,6%. 

Resulta imposible ponerle paños calientes al dato. Porque España se asoma ya al abismo de una inflación de dos dígitos. Una cifra a la que, como informa hoy EL ESPAÑOL, ya han llegado la mitad de las Comunidades Autónomas españolas. 

Que las previsiones de la ministra de Economía Nadia Calviño hayan sido demolidas por la realidad en un tiempo récord no es precisamente el tipo de noticia que contribuye a generar tranquilidad entre los ciudadanos, las empresas y los inversores. Menos aún si la justificación para esa inflación del 9,8% es la guerra en Ucrania. Porque en ese caso habrá que recordarle al Gobierno que la inflación española ya rondaba el 7,6% antes de que el Ejército de Vladímir Putin invadiera Ucrania. 

Revalorización de las pensiones

Aunque el área de especialización de los ministros de Unidas Podemos no sea precisamente la economía, cabe recordar que la ministra de Igualdad Irene Montero pidió en febrero de 2018 la dimisión del Gobierno popular cuando el IPC llegó al 1,1% por una subida del precio de la luz mucho menor que la actual. 

El Gobierno lo ha fiado todo a un plan de choque que pretende restar un 1% a la inflación durante los próximos meses. Pero incluso con ese plan en marcha, el Ejecutivo se verá obligado a destinar 10.000 millones de € extras en 2023 para pagar la revalorización de las pensiones si estas se ajustan al IPC. Como informa EL ESPAÑOL, el Gobierno ya trabaja en un plan para evitar dicha revalorización, ante la evidencia de que este podría tensar las cuentas del Estado hasta el punto de la insostenibilidad. 

No contribuye tampoco al sosiego alguna de las medidas que se dispone a aplicar el Gobierno, como la de permitir a los supermercados racionar el número de artículos que pueden comprar los ciudadanos, y que tanto recuerdan al desabastecimiento y las cartillas de racionamiento de países como Cuba, Venezuela o Argentina. 

Cirugía, no paliativos

El PP ha rechazado el Plan Nacional de Respuesta a los Efectos de la Guerra del Gobierno. También ha recordado la pérdida de poder adquisitivo de los españoles (una inflación del 9,8% supone aproximadamente la pérdida de un mes de sueldo al año) y ha exigido un drástico recorte de 60.000 millones de gasto público superfluo. 

En algo tiene razón el PP. El PSOE no puede esperar una adhesión incondicional del principal partido de la oposición a un plan destinado a paliar una crisis nacional de profundo calado si este ni siquiera ha sido consultado con ellos. Y en algo tiene razón el PSOE. Esa no puede ser la excusa sempiterna para el no del PP a cualquier propuesta del PSOE, sobre todo cuando las circunstancias exigen decisiones rápidas. 

La situación de la economía española es de máximo riesgo y el Gobierno no puede afrontar una emergencia de este calado con las habituales medidas intervencionistas (topado de precios, racionamiento de comida y ayudas que apenas cubren una mínima parte de las enormes pérdidas que sufren los ciudadanos).

Puede que esas medidas sean válidas en las fantasías colectivistas de Podemos. Pero España es un país real, con ciudadanos reales, y las medidas a adoptar no pueden ser ya paliativas, sino quirúrgicas. Urge un pacto de Estado entre PP, PSOE, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. Es decir, una política para adultos.