La Generalitat de Cataluña persiste en su arrinconamiento del español en las aulas catalanas. Ante el irredento y continuado desacato por parte del Gobierno autonómico de las sentencias que obligan a impartir un 25% de horario lectivo en español en todos los centros educativos, la justicia dio ayer a la Generalidad un último toque de atención.

La sección quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instó al consejero de Educación a cumplir de inmediato la sentencia que protege a los alumnos catalanes de la agresiva inmersión lingüística que los nacionalistas pretenden para la región. La sala ha dado un plazo de 15 días a la Generalitat para aplicar la sentencia del 25% de español en todos los centros y ha instado a la Alta Inspección Educativa a verificar su cumplimiento.

Lo sucedido ayer parecería una buena noticia de no ser porque la supervisión y las "garantías de control" que mandata la sentencia se quedan en mero papel mojado.

Y esto porque la Alta Inspección educativa es en realidad un órgano de control impotente para velar por los derechos lingüísticos de los estudiantes y actuar en caso de una vulneración de los mismos. El cuerpo supervisor cuenta únicamente con dos funcionarios en Cataluña. Y al estar transferidas las competencias de inspección al Gobierno autonómico, estos funcionarios ni siquiera están autorizados a entrar en las aulas para investigar posibles irregularidades.

¿Cabe un mayor sinsentido que delegar la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir más español en las escuelas en un Gobierno regional que se ha caracterizado, precisamente, por desobedecer reiteradamente las disposiciones de la Justicia al respecto? ¿Y, por si fuera poco, encargar la supervisión de dicho cumplimiento a un órgano inoperante?

Responsabilidad del Estado

Es deber del Gobierno central garantizar que se pueda aprender en todo su territorio la única lengua oficial y vehicular del Estado común a todos los ciudadanos españoles. El Ministerio de Educación no puede hacer dejación de sus funciones constitucionales. En este sentido, la sentencia del TSJC deja muy claro que velar por la docencia en español es una competencia irrenunciable de la Administración central.

El caso del niño de Canet de Mar, que sufrió un abyecto acoso después de que su familia pidiera que se cumpliera la ley y se le impartiera un mínimo de un 25% de las clases en español nos demostró hasta qué punto puede verse desamparado un ciudadano cuando el Estado abandona la garantía de sus derechos en manos de quienes intentan lesionarlos.

Hay que recordar que el TSJC actuó para proteger al niño de Canet después de que el Gobierno de la nación abdicara de ejercer su autoridad para garantizar el bilingüismo en Cataluña. No es aceptable, por tanto, que el Ministerio de Educación se escude ahora en que no dispone de medios para hacer cumplir las horas en castellano.

El Gobierno central no debe olvidar que, de permitir que la Generalitat siga atropellando los derechos lingüísticos de los catalanes castellanohablantes, estará siendo cómplice de una violación de la Constitución.

La inmersión total en catalán no sólo supone la amputación de un patrimonio lingüístico y cultural a los habitantes de Cataluña. También vulnera el derecho fundamental de todos los españoles a conocer la lengua oficial. Por eso no puede pasar un día más sin que el Estado tome cartas en el asunto y ponga todos los medios necesarios que hagan falta para garantizar una libertad lingüística y educativa real en Cataluña.