La Comisión Europea dio la semana pasada un toque de atención a España con motivo del futuro de las pensiones. No es la primera vez que la laxa política económica del Gobierno de Pedro Sánchez encuentra reproches por parte de Bruselas.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni, alertó de la insuficiente concreción de los planes del Gobierno español para garantizar que "el sistema de pensiones sea fiscalmente sostenible". Y adelantó que la Comisión subordinará el desembolso de los fondos Next Generation EU a la concreción de los planes de reforma del sistema que tiene pendiente el Gobierno. 

Al expresar su inquietud sobre cómo piensa financiar el Gobierno de España su sistema de pensiones, Bruselas viene a confirmar las advertencias que los expertos y los empresarios llevan haciendo desde hace meses: que en el actual contexto de inflación desbocada, ligar las pensiones a la evolución del IPC no ha sido una buena idea.

El Gobierno no puede desoír los avisos de la Comisión Europea. Tampoco, como hizo el ministro José Luis Escrivá, desatender el informe anual del Banco de España (BdE) sobre la evolución de la economía española. El BdE también cuestionó la viabilidad de la reforma de las pensiones prevista por el Ejecutivo. Y recuerda que la sostenibilidad de las prestaciones por jubilación sólo podrá venir o por un aumento de los ingresos fiscales o por un recorte de gasto público.

¿Mayores cotizaciones?

El impacto de una crisis energética sobrevenida pone de relieve nuevamente las limitaciones de una política económica excesivamente rígida. El ministro de Seguridad Social insiste en que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo para 2023. Pero en privado el Gobierno reconoce que, si no se consigue atajar pronto la inflación, la indexación de las pensiones al IPC va a suponer un duro golpe. Lo mismo de lo que alertaron el BdE y muchos think tanks de economistas.

El Ejecutivo no debe obstinarse en una reforma que compromete seriamente la sostenibilidad del sistema. Bruselas le hace al Gobierno la misma pregunta que muchos economistas: ¿cómo piensa financiar los más de 10.000 millones de euros que supondrá a final de año revalorizar las pensiones en consonancia con los precios?

No se puede perder de vista que serán las arcas públicas las que tengan que soportar la compensación de una inflación media del 7% para este año. Todo ello a las puertas del gran desafío que afronta la Seguridad Social en los próximos años: la incorporación de la generación del Baby Boom, cuyas nóminas son más elevadas, pues cuenta con carreras más largas. 

En esta tesitura, las tentaciones de subir las cotizaciones sociales a las nóminas más altas (el destope de las cotizaciones) pueden ser fuertes, tal y como se prevé en la última parte de la reforma del sistema de Pensiones que Escrivá tiene encima de la mesa. 

Pero, pese al optimismo de Escrivá, adoptar esta medida sin un análisis realista del impacto que puede acarrear es imprudente. No sólo impactará en los trabajadores.  También supondría un incremento en los costes laborales que muchas empresas se verían incapaces de asumir.

Además, el Gobierno debe tener una buena disposición para alcanzar consensos con la CEOE. La patronal ha rechazado la subida de las cotizaciones, que tendrán que ser asumidas en su mayoría por las empresas, y que repercute en las nóminas más altas. Y aciertan los empresarios al exigir a Escrivá que incluya en su reforma del sistema de pensiones mecanismos correctores de ajuste.

Hacen bien los actores económicos, en definitiva, en pedir al Ejecutivo explicaciones sobre cómo piensa financiar el blindaje del poder adquisitivo de los pensionistas. También en cómo garantizará el futuro de las nóminas de quienes han pasado al retiro. En esta línea, debería plantearse volver a reformar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de modo que suscite consensos y, de verdad, garantice la estabilidad del sistema en el futuro.