La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está decidida a seguir reuniendo galones políticos de cara a su futura candidatura para las generales. A las ambiciosas medidas que ha capitaneado desde su ministerio se le unió el viernes un nuevo anuncio: Inspección de Trabajo implantará un algoritmo para contabilizar las horas extraordinarias semanales no remuneradas.

Huelga decir que toda actuación por parte de las autoridades destinadas a fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales es siempre bienvenida. El problema radica en dónde pone el Gobierno el foco del problema, condicionando ya la óptica desde la que se abordan las reformas encaminadas a solventarlo.

¿Es realmente la "reordenación" del tiempo de trabajo la mayor urgencia que afronta ahora mismo la economía española? Ciertamente, si los cálculos del ministerio de Díaz son correctos, es intolerable que casi la mitad de las horas extra que se hacen no obtengan retribución. Pero no es aceptable que, cada vez que toca hacer reformas económicas de calado, el Gobierno opte por la vía fácil de la demonización del empresario.

Porque la necesidad más imperiosa de la economía española en estos momentos es la mejora de su productividad. Una mejora que no podrá lograrse ni trabajando menos, ni tampoco cargando todo el peso de la recuperación sobre los hombros de las empresas.

No resulta conveniente, por el mismo motivo, ensañarse con la hostelería y el turismo, el principal sector que habrá de liderar la recuperación económica. Pero es precisamente esta industria la que más afectada se verá por la nueva configuración de las relaciones laborales que prepara el Gobierno.

Bloqueo a la recuperación

La fatiga que atenaza a las empresas españolas la evidencian datos como la insólita caída de la facturación empresarial. La alta inflación, la crisis energética y el resto de consecuencias económicas desatadas por la guerra en Ucrania están actuando como bloqueo de la recuperación post-Covid. Y las empresas son unas de las que más notan la desaceleración de la economía española.

En lugar de tomar en consideración la frágil salud de nuestras compañías, el Gobierno sigue apretando las tuercas al empresariado. No sólo extienden sobre él la sospecha de la vulneración de la legislación laboral. También concibe el Ejecutivo a las empresas como un recurso socorrido al que trasladar sus reiteradas subidas impositivas.

La CEOE ya manifestó su rechazo al aumento de las cotizaciones sociales y al consecuente incremento de los costes laborales que acarrearía. Y es que la unilateralidad es otra de las señas de identidad de la política económica de este Gobierno.

Los ministerios económicos muestran una voluntad de alcanzar consensos con la patronal casi inexistente. Como en el caso de la propuesta de la jornada semanal de 4 días o la fiscalización de las horas extraordinarias, para cuya discusión no se ha contado con la opinión del empresariado.

Reformas pendientes

Los tirones de orejas que llegan desde Bruselas tampoco parecen disuadir al Gobierno de perseverar en una política económica que, al imponer sucesivos sobrecostes en las empresas, sólo ahondará en el frenazo al crecimiento económico. Como informa hoy EL ESPAÑOL, Pedro Sánchez pretende tranquilizar los recelos de Europa sobre la capacidad de España para sostener su sistema de pensiones prometiendo nuevas alzas de impuestos.

Haría bien el Gobierno en atender a las recomendaciones de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario ya ha alertado de los peligros que entraña la escasa disciplina fiscal de nuestro país, y de nuestros problemas con la excesiva deuda pública y los altos niveles de desempleo.

La laxitud presupuestaria con la que este Gobierno gestiona las arcas públicas puede acabar lastrando la iniciativa privada. Es cierto que el sector privado recibirá la inestimable ayuda de los fondos europeos. Pero ya ha avisado la Comisión de que su concesión estará supeditada a que el Gobierno español sanee sus cuentas, reforme adecuadamente el mercado de trabajo, corrija los desequilibrios económicos y garantice la sostenibilidad de su sistema de pensiones.

En este sentido, no parece lo más inteligente (como implica la decisión de la cartera de Trabajo) seguir golpeando al sector servicios, clave y línea de flotación de una recuperación económica de la que España está a la cola con respecto al resto de países europeos.