Los altos secretos, es decir las informaciones y los documentos más peligrosos para la seguridad del Estado, permanecerán ocultos a los ciudadanos durante un plazo de 50 años prorrogable por una década más de acuerdo al anteproyecto de ley de información clasificada en el que trabaja actualmente el Gobierno. 

La nueva ley sustituye a la vigente ley de secretos oficiales, que fue aprobada en 1968, durante el franquismo. Esta norma no determina un plazo máximo para la desclasificación de documentos, lo que en la práctica permite que estos permanezcan eternamente ocultos a los españoles si así lo decide el Gobierno discrecionalmente.

El plazo de 50 + 10 años es parecido al francés y muy similar al alemán, que oscila entre los 30 y los 60 años en función de la gravedad de la información clasificada.

Pero es muy superior a lo establecido en la ley americana, que es de 10 años por defecto, de 25 años para la desclasificación automática de documentos y de 50 años para materias estrictamente tasadas. Más allá de los 75 años, la norma americana exige un permiso especial para que dichos documentos continúen clasificados como secreto. 

Es también muy superior al plazo determinado por la ley británica, que era de 30 años, como en Australia e Irlanda, hasta que una reforma de 2010 (la Constitutional Reform and Governance Act 2010) redujo el plazo, de forma progresiva, a sólo 20 años. 

En el caso de España, nada justifica un plazo tan extenso, por más que sea el habitual entre los países de nuestro entorno. 

Los plazos del anteproyecto de ley son de hecho muy superiores a los que el PSOE exigía cuando estaba en la oposición y que eran de 25 años + 10. Son incluso superiores a los que exigía el PP, que eran de 25 años prorrogables hasta los 50. 

Sin llegar al extremo de los plazos exigidos por el PNV (diez años prorrogables hasta 25), el Gobierno debería reducir el plazo hasta los 30 años, lo que permitiría desclasificar de forma inmediata los documentos y la información relativa al golpe de Estado del 23-F y los GAL.

Para conocer los documentos relativos al golpe de Estado del procés catalán, los españoles deberían esperar sin embargo hasta 2047. Con la propuesta del PSOE, ese plazo se extendería hasta 2067. A la vista está lo absurdo de un plazo tan extenso.

Mano tendida del PP

Si el consenso entre PSOE y PP en los grandes temas de Estado es no sólo aconsejable sino también necesario, dicho consenso se convierte en inescapable en el caso de una ley de información clasificada que, por su propia naturaleza, regula asuntos que conciernen a la seguridad del Estado y en los que los intereses de los actuales socios del Gobierno son antitéticos a los de la inmensa mayoría de los españoles. 

Como explica hoy EL ESPAÑOL, el PP se ha mostrado dispuesto a pactar la norma con el PSOE al estar de acuerdo con sus propuestas principales. Incluidas la de dividir los secretos oficiales en cuatro categorías distintas y la de transferir el control de la información clasificada desde Defensa al Ministerio de la Presidencia.

Una medida razonable en la medida en que dichos secretos no tienen por qué tener siempre una naturaleza estrictamente militar y dado que estos, en no pocos casos, afectarán también a intereses políticos, estrictamente policiales o relativos a materias gestionadas por el Ministerio del Interior.

La propuesta de Moncloa no ha gustado entre los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, que habrían preferido un plazo menor. No por un súbito interés por la transparencia, desde luego. Sino más bien en la creencia de que la pronta desclasificación de determinadas informaciones será de inestimable ayuda en sus ataques a la Constitución y a las instituciones del Estado. 

El PSOE no debe caer en esa trampa. Porque el PP ha tendido la mano. Aunque el presidente cuente con los votos necesarios para aprobar la norma sin el apoyo del PP, una elemental responsabilidad de Estado exige que esta norma se acuerde con la oposición y no con sus socios habituales. Es hora de que el PSOE escoja, por una vez, el camino más fácil. Que en este caso en concreto resulta ser también el más responsable.