La primera Ley de Protección Animal aprobada este lunes introduce la novedad de que todos los dueños de perros tendrán que pagar un seguro. Hasta ahora, sólo los tenedores de perros potencialmente peligrosos (PPP) estaban obligados a contratarlos.
Esto es consecuencia de haber suprimido la categoría general de PPP, que la ley sustituye por la de "perro de manejo especial". Porque la nueva denominación elimina la lista de razas consideradas peligrosas, y la sustituye por evaluaciones ad hoc para cada perro. La eliminación de la figura del PPP está encaminada a desestigmatizar a aquellas razas de perros cuya agresividad es fruto del adiestramiento y no de la herencia genética.
Huelga decir que toda legislación encaminada a erradicar el maltrato animal y a mejorar su bienestar es pertinente y necesaria. Pero la forma en la que el ministerio de Ione Belarra ha optado por abordar el problema no puede ser más tortuosa.
Porque la alternativa a la etiqueta genérica de PPP que propone el Ministerio de Derechos Sociales es un sistema de evaluación de la peligrosidad que redunda en más complicaciones para los dueños y en mayores incertidumbres para el sector veterinario.
Un sistema confuso
En primer lugar, la obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil para todos los dueños supone un incremento del gasto que los ciudadanos tendrán que dedicar para poder tener un animal de compañía. El seguro mínimo es de 25€, pero la cuantía puede aumentar sustancialmente si el profesional encargado de determinar la sociabilidad del perro en cuestión estima que este es potencialmente agresivo.
En un contexto de estrecheces económicas como el que atravesamos, no parece lo más apropiado hacer más onerosa la crisis a las familias. Tampoco en añadirle más desvelos al proceso de adopción de mascotas en forma de tiempo empleado en superar trámites farragosos.
Además, la fórmula del examen individualizado plantea complicaciones para la puesta en práctica de la alternativa al sistema vigente. Como denuncian los veterinarios, es difícil medir la agresividad de un perro en una sola visita, por muy capacitado que pueda estar el etólogo evaluador. Y el nuevo sistema de pruebas complica un régimen de tenencia que antes era mucho más sencillo.
Todas estas innovaciones sólo van a traducirse, en síntesis, en más gasto, mayor enjundia burocrática y mayor incertidumbre normativa. Algo habitual en los proyectos impulsados por Unidas Podemos. Un partido experto en acometer modificaciones legislativas que, al perturbar las normativas vigentes con adendas innecesarias, consiguen crear nuevos problemas donde antes no los había.