¿Con qué argumento pretende defender ahora Isabel Díaz Ayuso el cumplimiento de las leyes y de las sentencias judiciales en Cataluña si ella misma ha anunciado que "Madrid no se apaga? Es decir, que la Comunidad de Madrid desobedecerá el plan de medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno con el argumento de que este generará inseguridad y espantará al turismo.

El contenido concreto de dichas medidas no es en este caso relevante porque de lo que se trata aquí es del cumplimiento de la ley. Pero sirva recordar que se trata de medidas aplicadas de forma rutinaria en otros países europeos sin que estas hayan derivado en esa "oscuridad", esa "pobreza" y esa "tristeza" que la presidenta de la Comunidad vaticina para los españoles.

La endeblez de la tesis de Ayuso se demuestra volteándola. ¿Acaso mantener encendidas las luces de los edificios que quedan vacíos durante las horas nocturnas sirve por sí solo para alegrar las vidas de sus ciudadanos, garantizar su seguridad, generar riqueza y atraer al turismo? Si esa fuera la solución, toda Europa seguiría el ejemplo de Las Vegas. O de Nueva York, la ciudad que más electricidad consume de todo el planeta. 

Independientemente de la opinión que se tenga de las medidas aprobadas por el Gobierno (también el PNV se ha negado a aplicarlas en el País Vasco, defendiendo su propio plan, del que por el momento nada se sabe), lo cierto es que España es un Estado de derecho en el que las leyes se cumplen, gusten o no gusten.

Críticas no desdeñables

Cosa distinta es la hipotética invasión de competencias en la que pueda incurrir la norma, dado que, por ejemplo, la competencia en materia de comercio corresponde a la Comunidad de Madrid y no a la Administración central. Pero en ese caso, lo consecuente sería denunciar la norma en las instancias correspondientes y esperar a una decisión de la Justicia al respecto. Nunca la desobediencia unilateral. Y lo mismo ocurre si alguna Administración considera que la norma es inconstitucional. 

No todas las críticas del PP a la norma son desdeñables. Es cierto que las medidas se han aprobado sin dialogar con los sectores afectados, que parecen medidas más cosméticas que efectivas, que el Gobierno no ha mostrado estudio alguno sobre su impacto y que aplican un mismo rasero a realidades muy distintas. Obviamente, no es lo mismo un pueblo de 5.000 habitantes que una ciudad de 3.200.000 como Madrid. 

Esos son los argumentos que han defendido el consejero de la Presidencia andaluz Antonio Sanz ("las peculiaridades entre norte y sur hubieran merecido una reflexión") o el propio coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ha confesado "entender" la postura de Ayuso y las quejas de aquellos que han visto cómo unas medidas que iban a adoptar la forma de recomendaciones se han convertido ahora en obligaciones.

Impulsividad contraproducente

Pero lo que es evidente es que la reacción de Ayuso supone el primer choque de cierta envergadura de la presidenta con un Alberto Núñez Feijóo que afirmó hace apenas unos días que le parecían bien "los planes que señalan límites al consumo de aire acondicionado en verano y a la calefacción en invierno. Debemos bajar el consumo innecesario y pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado nocturno en los municipios con el objetivo de estar preparados ante eventuales cortes".

La impulsividad de Ayuso ha dado argumentos al PSOE y convertido en choque de trenes lo que, como fue el caso de la reforma laboral, podría haberse convertido en una victoria del PP si este hubiera acertado a patrimonializar y adjudicarse la paternidad de unas medidas que su presidente defendía hasta hace muy pocos días. 

Criticar las medidas del Gobierno es legítimo. Incluso sabiendo, como ha informado EL ESPAÑOL, que el verdadero plan de ajuste energético draconiano llegará en otoño. Pero el cumplimiento de la ley no es optativo, ni legítimo, ni aceptable. Esa ha sido la postura, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, también crítico con el real decreto ley, pero respetuoso con el cumplimiento de las leyes.

Y ese, y no otro, es el camino, como demuestra la ¿rectificación? de la propia Comunidad tras el revuelo generado por las palabras de la presidenta: "Tenemos la costumbre de cumplir las leyes, nos gusten o no". Que así sea.