La iniciativa que tomó Isabel Díaz Ayuso al criticar el plan de eficiencia y ahorro energético del Gobierno ha obligado nuevamente al Ejecutivo a rectificar en su estrategia de aplicación del Real Decreto Ley.

Ayer, la ministra Teresa Ribera anunció que quedaba cancelada la reunión técnica prevista para este martes, y pensada para aclarar a las comunidades autónomas las dudas sobre la implementación del decreto. En su lugar, ha sido sustituida por un encuentro para hoy con los consejeros autonómicos y las ministras Ribera y Reyes Maroto, tal y como pidió el ejecutivo de Ayuso por carta el sábado.

Más allá de que Ayuso haya conseguido apuntarse el tanto discursivo de haber arrastrado al Gobierno a reconocer de facto (al plegarse a celebrar la reunión) que su plan de ahorro energético tiene lagunas, el accidentado recorrido que ha seguido el Real Decreto desde su aprobación el pasado lunes transparenta un problema de mayor envergadura.

A saber, lo indeseable que resulta para el conjunto de la ciudadanía la falta de diálogo entre los dos grandes partidos. Porque al unilateralismo y la improvisación de la labor legislativa del Gobierno se le suma la escasa disposición a la deliberación por parte del Partido Popular.

Rectificación y confusión

La visceralidad de la negativa de Ayuso a considerar siquiera la propuesta de ahorro del Ejecutivo recibió una censura generalizada. Porque fue leída como una manifestación más de la impulsividad faccionalista con la que la presidenta madrileña acostumbra a justificar su desacato a las propuestas del Gobierno. Y porque esta sobreactuación del "Madrid no se apaga" contradecía el visto bueno que Alberto Núñez Feijóo había dado a "los planes que señalan límites al consumo de aire acondicionado" y al "ahorro en alumbrado nocturno en los municipios".

Pero el frentismo ayusista no es óbice para reconocer que el decreto del Gobierno tiene muchos agujeros. No en vano, las críticas de Madrid y de otras CCAA y ayuntamientos por la incertidumbre que alienta el plan de ahorro han hecho titubear al Ejecutivo en al menos tres ocasiones.

En primer lugar, con unas ambiguas declaraciones de Ribera el viernes que sólo añadieron más desconcierto a un texto ya de por sí confuso. Después, con la convocatoria de la reunión técnica aclaratoria. Y, por último, con la sustitución de esta por la Conferencia Sectorial de Comercio y Turismo de hoy.

Si el Gobierno quiere evitar que los distintos ejecutivos autonómicos y municipales se las ingenien para alumbrar tretas que les permitan sortear las obligaciones de recortes en el aire acondicionado y la iluminación, debería replantearse su forma de abordar la ejecución de un decreto de este calado. Que, no olvidemos, responde al compromiso de España para con la Unión Europea de rebajar en un 7% el gasto energético.

Falta de diálogo

Moncloa no ha negociado con los sectores afectados por su plan de ahorro. Ha redactado el decreto de forma apresurada, sin un estudio que anticipe la efectividad de sus medidas. Y no ha tenido en cuenta las disparidades territoriales ni la casuística de los comercios que hacen irracional la aplicación uniforme de la regla de recorte de gas y luz.

Además, todo apunta a que el impacto de esta primera batería de medidas será eminentemente cosmético. Porque el propio Ejecutivo ha reconocido que el decreto no es más que el aperitivo del ajuste que está por venir para el otoño.

Y es que la discusión va más allá de las desavenencias sobre el procedimiento para aplicar el decreto. Cabe cuestionar si estas medidas son las más adecuadas para cumplir con el compromiso contraído con la UE.

En este punto, el entendimiento entre el Gobierno y el líder de la oposición ha de ser una prioridad. Porque los desafíos que plantea la actual crisis energética a nuestra capacidad para hacer frente a fluctuaciones en nuestras dotaciones de reservas y suministros obligan a un replanteamiento general de la política energética nacional.

Es evidente que un pacto de Estado por la energía resulta irrenunciable. Por eso, declaraciones como las de la ministra Isabel Rodríguez para este periódico, tildando al PP de "partido en rebeldía", van en la dirección exactamente opuesta a lo que España necesita.

Antes que renunciar a considerar a su principal interlocutor un partido de Estado, el Gobierno tiene que tomar en consideración las objeciones planteadas por la oposición. Como la petición de Feijóo de celebrar una conferencia de presidentes en las que tengan voz todos los actores implicados en medidas que afectan al conjunto del Estado.

Además, al Ejecutivo no le va a ser tan fácil sacar adelante el plan de ahorro energético como el reciente impuesto a la banca. Aquí no se trata de hacer pagar a un puñado de ciudadanos, sino de lograr la casi titánica tarea de persuadir a todos los españoles para que transijan con la frugalidad en el consumo energético que Moncloa ahora promueve.

Y es que cabe preguntarse cómo pretende el Gobierno convencer al total de los ciudadanos de la pertinencia de sus medidas de ajuste si no es capaz de intentar convencer siquiera al PP, el portavoz político de muchos de ellos.