Si el mayor reproche que el PP puede hacer de las medidas contenidas en el real decreto de ahorro energético que se someterá a votación este jueves en el Congreso de los Diputados es que estas son "frívolas" es que no existen mayores argumentos de peso para impedir su aprobación. Si no con su voto a favor, sí con su abstención. 

De hecho, fue el propio Alberto Núñez Feijóo el que a finales de julio, antes de que el Gobierno hiciera públicas las medidas del decreto, abogó por "bajar el consumo energético innecesario y pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos para cortes o disminuciones de energía".

Y es cierto, como critica el PP y critican también las comunidades, que el Gobierno ha gestionado la norma como un trágala, sin negociación, sin debate y con el pretexto de la urgencia con la que la Unión Europea ha impuesto una reducción del 7% en nuestro consumo de gas. Pero que el Gobierno no quiera negociar con la oposición (o con las comunidades) no obliga a la oposición a votar "no" a todas las normas del Gobierno. 

Sin motivos de peso

El PP no tiene, por tanto, motivos de peso para impedir la aprobación del real decreto ley de ahorro energético. Es obvio que algunas de las medidas propuestas por el Gobierno son innecesarias y que el ahorro que generarán será anecdótico. Es obvio también que faltan otras medidas que sí podrían generar un ahorro significativo. 

Pero también es obvio que este primer decreto es sólo la primera parte de un paquete de medidas mayores que llegará en otoño y cuyo impacto en las empresas y entre los ciudadanos se prevé mucho más significativo. Es ese paquete el que el PP puede y debe exigir que se negocie con el principal partido de la oposición. 

Porque las medidas incluidas en este primer decreto pueden ser criticadas con argumentos sensatos. Pero no se puede sostener que son insuficientes e inútiles al mismo tiempo que se afirma que son perjudiciales y destructivas para la economía de los pequeños comerciantes. O una cosa o la otra. 

Que decida el Constitucional

Al Gobierno, por supuesto, este diario le pide negociar con todos los partidos, y muy especialmente con el principal partido de la oposición, y no sólo con sus socios habituales. Especialmente en temas de capital importancia como lo son las medidas de ahorro energético con vistas a un invierno que se prevé dramático. 

Pero a la oposición también cabe exigirle algo. Que gradúe su oposición y que distinga entre las batallas que merece dar y aquellas en las que una victoria sería pírrica y apenas aportaría réditos a los ciudadanos españoles. 

Ni siquiera la objeción de que el decreto del Gobierno invade competencias autonómicas es argumento suficiente para un "no" del PP. Porque si ese es el caso, entonces serán las propias comunidades, como ha anunciado ya la Comunidad de Madrid, las que presentarán las correspondientes cuestiones de inconstitucionalidad. Y será luego el Tribunal Constitucional el que decida, como decidió en el caso de los estados de alarma que fueron declarados contrarios a la Constitución hace apenas unos meses. 

La mejora de la calidad de la política española, degradada por estos dos años y medio en los que los partidos populistas han ejercido una influencia inédita en cuarenta años de democracia gracias a la debilidad parlamentaria del PSOE, no puede esperar a las próximas elecciones generales. Es obligación del PP empezar a enderezar el rumbo de España cuanto antes ejerciendo una oposición razonable.