El apoyo de Yolanda Díaz a las movilizaciones convocadas por los sindicatos contra los empresarios para exigir una subida de los salarios acorde a la inflación ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una CEOE que ha empezado a convencerse de que la ministra de Trabajo tiene una agenda propia, la promoción de su marca personal y de su proyecto Sumar, que no coincide con los intereses del sector productivo español.

"[Los de Yolanda Díaz] son mensajes demagógicos. Este país es de autónomos de pequeñas y medianas empresas, no de grandes corporaciones", ha dicho Salvador Navarro, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación de Empresas de la Comunitat Valenciana. 

Los insultos a la banca y al sector energético, las subidas de impuestos y las alusiones del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ciertos "señores con puro" y "cenáculos de Madrid" que estarían presuntamente saboteando la labor del Ejecutivo son los precedentes que han hecho que el nuevo ataque de Díaz al sector privado haya llevado a los empresarios a poner pie en pared.

Ataques, además, enmarcados en una estrategia deliberada que pretende trasladar a las empresas y a los empresarios españoles la responsabilidad por el impacto de la crisis económica y energética en los ciudadanos. 

Víctimas, no culpables

Pero el hecho de que, como ha dicho un segundo vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, esos ataques de Díaz sean más producto de "su campaña electoral personal que otra cosa" no les resta importancia. Porque están dinamitando todos los puentes existentes no ya entre la CEOE y el Gobierno, sino entre el sector público y el privado. Y los empresarios no pueden convertirse en otro de los punching balls del Gobierno.

La voladura de los puentes entre Gobierno y empresarios puede ser muy conveniente para que Yolanda Díaz consolide su renqueante proyecto político. Puede ser también conveniente a corto plazo (pero no a largo) para un Pedro Sánchez que ha movido al PSOE hasta ese espacio electoral en el que hace apenas un año moraba Unidas Podemos obligado por la autoridad con la que Alberto Núñez Feijóo se ha apoderado del centro. 

Pero, desde luego, no le conviene a los ciudadanos españoles. Menos todavía a las puertas de un pacto de rentas al que no beneficia en nada la demonización de un sector privado, el de la España productiva, que no sólo ha sido la principal víctima de la crisis, sino al que ahora se pretende cargar con la responsabilidad del desplome de la capacidad adquisitiva de los españoles.

Un desplome causado por la inflación y por la crisis energética, no por malas decisiones empresariales o la supuesta avaricia de las empresas. 

Marco de colaboración

Los ataques de Díaz, además, tienen una segunda consecuencia perversa. Romper el marco de colaboración entre el sector privado y las Administraciones públicas que se había creado durante la pandemia y que tan necesario resultaría ahora para la ejecución de ese aproximadamente 90% de los fondos europeos que sigue sin llegar allí donde estos son más necesarios y resultarían más útiles. Es decir, en la empresa privada. 

España, los españoles y su economía necesitan colaboración, no guerras ideológicas ni ese sálvese quien pueda de una ministra de Trabajo y de un Gobierno que han encontrado en los empresarios del sector privado el perfecto chivo expiatorio, junto con la banca, las energéticas y la oposición, de una crisis cuya mayor responsabilidad recae, a diferencia de la de 2008, en errores del sector público.