El pasado sábado, Alberto Núñez Feijóo pidió a Pedro Sánchez celebrar "un debate sosegado sobre el futuro de España" en el Senado. Félix Bolaños hizo acuse de recibo de la propuesta durante su rueda de prensa de ayer en el Vaticano, mostrándose abierto a que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición pudieran mantener un cara a cara próximamente para departir sobre los principales problemas del país.
Pero las declaraciones de Bolaños se contradicen con las intenciones reales de Moncloa, que, como ha podido saber este periódico, no se plantea un debate entre ambos más allá de las sesiones de control ordinarias en el Senado.
Además, la aparente disposición del Ejecutivo al diálogo con el PP contrasta con los ataques que apenas unas horas después le dirigió Pilar Alegría. La ministra de Educación tildó a los populares de "oposición obstruccionista y negacionista". Una vuelta a la dinámica de descalificaciones y disparates en la que se ha instalado el Gobierno este verano, que no favorece precisamente la creación de un clima de normalidad democrática.
En vista de esta tendencia de los intermediarios a enfangar la interlocución, resulta difícil no darle la razón a Feijóo sobre la necesidad de mantener un debate directo y calmado con el que los dos líderes puedan contrastar por extenso sus pareceres en materias tan capitales como el ahorro energético, la renovación del CGPJ o la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Feijóo, sin escaño
Que el líder de la oposición no esté presente en la Cámara Baja es una anomalía causada por la llegada de Feijóo a la dirección del PP directamente desde Galicia, sin haber pasado antes por las urnas encabezando las listas al Congreso de los Diputados. Para compensar esta falta de escaño, el presidente popular fue elegido senador por designación autonómica, pudiendo así contar con un escenario de confrontación parlamentaria con Sánchez en las sesiones de control al Gobierno de la Cámara Alta.
Los nubarrones económicos que se ciernen sobre España, como las secuelas de la crisis energética o la inflación al alza, justifican la urgencia de un debate entre el líder del Gobierno y el de la oposición que, con la fórmula actual, sólo ha podido producirse hasta la fecha en forma de una insuficiente confrontación de apenas unos minutos durante una sesión de control. Un formato del todo insuficiente para profundizar en las grandes cuestiones. Los españoles no pueden esperar más de un año para una renovación del hemiciclo que lo permita.
Pero, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez no acostumbra a someterse al escrutinio de la Cámara Alta, sería recomendable que el PP solicitara formalmente la comparecencia extraordinaria del presidente.
Es verdad que el reglamento de las Cortes no prevé las comparecencias extraordinarias para el Senado como lo hace para el Congreso. Pero existe un precedente de 2018 en el que Sánchez intervino en sesión extraordinaria en el pleno. La fórmula jurídica para el debate con Feijóo, por tanto, ya existe.
Descalificaciones graves
La acusación de "insumisión constitucional" de Pilar Alegría al PP no es sólo un episodio más de la desmesura dialéctica a la que están abonados los ministros socialistas. Esta escalada de improperios cruza una nueva línea, porque las descalificaciones de calado institucional son mucho más graves y tienen implicaciones más profundas que los vulgares insultos ad hominem.
El Gobierno no puede acusar a la oposición de estar violando la Constitución (o de ser "un partido en rebeldía", como aseguró Isabel Rodríguez) por no avalar su propuesta de renovación del CGPJ o de revalorización de las pensiones. En materias políticas, siempre cabe la deliberación entre planteamientos opuestos.
Considerar que el PP es "insumiso" supone ponerlo al mismo nivel, por ejemplo, que los condenados por el procés, algo completamente absurdo. Además, cabe recordar que hubo un tiempo en que asuntos de Estado como las pensiones estaban fuera del debate político y de su instrumentalización demagógica.
El Gobierno debe demostrar que su disposición al diálogo y al entendimiento es genuina y abandonar la senda de la crispación. El PP debe hacer lo propio, ejerciendo una oposición razonable y evitando cerrarse en banda, como sucedió con su negativa a abstenerse en la votación del decreto de ahorro energético.