Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha servido en bandeja la solución a las discrepancias de PP y PSOE sobre el impuesto a la banca y las energéticas. Lo ha hecho con su propuesta de gravar un 33% los beneficios extraordinarios de las compañías de petróleo, gas, carbón y refinado que superen en un 20% la media de los tres años anteriores (2019-2021).

El impuesto propuesto por von der Leyen es diferente al que pretende aprobar el Gobierno (de un 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio), pero lo excluye en la práctica dado que muy difícilmente se aplicarán ambos gravámenes al mismo tiempo, algo que supondría tasar dos veces un mismo hecho imponible.

Fuentes de Hacienda han confirmado ya que adaptarán la legislación nacional a la europea, aunque no detendrán la tramitación del impuesto nacional hasta que el europeo esté aprobado. Algo que ya se ha hecho, por ejemplo, con la tasa Google.

Alberto Núñez Feijóo se comprometió públicamente durante su entrevista en La Sexta de este miércoles a apoyar el nuevo gravamen europeo si el Gobierno lo adopta en España en sustitución de los impuestos previstos a la banca y a las energéticas.

Con una salvedad: que se desvincule a la banca de las energéticas y se evite incluirlas en una mismo paquete impositivo. "El impuesto europeo se parece como un huevo a una castaña al impuesto del Gobierno" ha dicho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. "Gravar sobre beneficios es muy diferente a gravar sobre facturación". 

El cambio de postura del PP, que se negaba de forma rotunda a gravar los hipotéticos beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas de los que habla el Gobierno, es significativo y abre la puerta a un acuerdo con el Gobierno en un asunto en el que parece haber un amplio consenso en Bruselas.

El hecho de que sea la Comisión Europea la impulsora de ese impuesto, y no el PSOE a instancias (o con el apoyo) de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, servirá además para amortiguar el enfado que el sector de la banca y de las energéticas ha mostrado durante las últimas semanas y que podría haberse hecho extensivo a los populares si estos hubieran dado su beneplácito al gravamen tal y como lo ha diseñado el Gobierno. 

El Ejecutivo tiene por tanto a su alcance un pacto con el PP si desvincula a la banca del impuesto a las energéticas. Ese gesto, que el PSOE podría justificar también, al igual que el PP, amparándose en la necesaria sintonía con Bruselas, sería el que sin duda permitiría un acuerdo que parecía inalcanzable hace sólo unos días. 

Por supuesto, el Gobierno puede simplemente hacer caso omiso de la condición del PP y aprobar el impuesto con el apoyo de sus socios habituales. O dejar vigente el impuesto para la banca y adaptar el gravamen de las energéticas a lo decidido por Bruselas. 

Pero eso supondría generar un nuevo problema allí donde Ursula von der Leyen le ha ofrecido una solución.