Hoy Barcelona albergará la manifestación organizada por Escuela de Todos, bajo el lema Español, lengua vehicular. La plataforma, que agrupa a asociaciones que defienden el bilingüismo en Cataluña, demandará este 18-S que el castellano también sea lengua vehicular en el sistema educativo público de Cataluña.

Es disparatado que las familias tengan que protestar porque no sea posible estudiar en la lengua oficial del Estado en todo el territorio nacional. Algo que sería impensable en cualquier otra democracia occidental.

Por ello, EL ESPAÑOL está, como siempre ha estado, del lado de quienes denuncian algo tan elemental como que la mayoría de la población no puede escolarizar a sus hijos en su lengua materna.

Las protestas del 18-S son la expresión del hartazgo y la resistencia frente a las grotescas artimañanas legales de la Generalitat para burlar la obligatoriedad de impartir un mínimo de 25% de clases en castellano.

El Parlament catalán promulgó dos leyes con las que "bloquea", en palabras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), su sentencia del 25% en español. Por eso, el TSJC pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la treta normativa del Govern, al apreciar en el decreto y las dos leyes indicios de fraude de ley.

La sinrazón de la política lingüística nacionalista no se circunscribe sólo al ámbito catalán. En las cinco comunidades autónomas con lenguas cooficiales, la prueba de acceso a la Universidad tendrá que hacerse obligatoriamente en tres lenguas: la cooficial, la extranjera y el castellano.

Violación de derechos lingüísticos

El gobierno de Pere Aragonès alardea de arrinconar el castellano en la enseñanza pública, haciendo del catalán la única lengua vehicular en Cataluña. Algo intolerable y absurdo, en la medida en que el castellano es la lengua oficial común de todos los españoles, y también la mayoritaria entre los catalanes.

La política lingüística del Govern no sólo responde a la estrategia de desconexión que los sucesivos gobiernos nacionalistas han venido azuzando. Una imposición de un monolingüismo obligatorio en la administración, mediante el cual el Govern despliega un programa de ingeniería social totalitaria para borrar cualquier elemento de identificación de los catalanes con el resto de España.

La política de exclusión del español de la escuela catalana también viola la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y vulnera los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes.

El foco no debiera estar, por tanto, en la contienda política ni en quién acude o deja de acudir a la manifestación del 18-S. El énfasis debe colocarse en el apoyo a una reivindicación que atañe a los derechos lingüísticos de todos los catalanes, amenazados por un gobierno autonómico que se niega a ejecutar las sentencias judiciales.

El Gobierno de España y el PSC deben dejar de avalar por oportunismo político una inmersión lingüística que se apoya sobre prácticas fraudulentas. Hasta que el TC resuelva la cuestión de inconstitucionalidad, los ciudadanos tendrán que defender en las calles el derecho fundamental de sus hijos a ser escolarizados en las dos lenguas oficiales de Cataluña.