Desde que el 29 de diciembre de 1978 se prorrogaran los Presupuestos Generales correspondientes a ese año por la imposibilidad de aprobar unos nuevos antes del 1 de enero (la Constitución entró en vigor ese mismo día), no ha habido unos Presupuestos tan abiertamente expansivos y electoralistas como los presentados ayer jueves por la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Y eso en un contexto de indicadores unánimemente negativos. Con la inflación desbocada. Con los precios de la energía en máximos históricos y con riesgo de cortes y racionamientos en buena parte de Europa. Con una guerra en el corazón del continente.

Y, por si todo eso fuera poco, con claras perspectivas de recesión que podrían impactar de forma muy severa en el país europeo que más dificultades está mostrando para recuperar los niveles prepandemia. Es decir, el nuestro. 

El Gobierno ha anunciado una subida del 33% en infraestructuras. Las inversiones territorializadas se incrementarán en un 2,8%. Las pensiones, en un 8,5%. El sueldo de los funcionarios, en un 1,5% este año y hasta un 9,5% en tres si se cumplen determinadas condiciones en el futuro. El sueldo de los diputados y de los senadores, en un 3,5%. El gasto total en pensiones se eleva un 11%. El presupuesto en Educación, un 6,6%. En Sanidad, un 6,7%. Las políticas de vivienda, en un 5,4%. Las Fuerzas Armadas contarán con un presupuesto extra de 2.500 millones de euros destinados a su "modernización". El presupuesto para I+D+i se elevará también en un 22,8%. 

El listado no es exhaustivo y prevé también, por el lado de los ingresos, un crecimiento del 3,4% hasta los 390.000 millones de euros. Las cotizaciones sociales subirán un 9,7% hasta los 185.000 millones. Los ingresos tributarios se incrementarán un 6,4% gracias a la inflación, que el Gobierno seguirá utilizando en su favor, descargando así el coste de su electoralismo en las clases medias y altas. 

¿Son realistas estos Presupuestos Generales? Con 486.000 millones de euros de gasto, son sin duda alguna expansivos e inflacionarios, ya que generarán un exceso de demanda artificial que empujará la inflación. Son, por esa misma razón, anticíclicos y muy peligrosos. Imprudentes, en el mejor de los casos. Temerarios, en el peor. 

Pero si las previsiones más realistas vaticinan un aumento del déficit público, de la inflación y de la deuda pública, la pregunta es la misma que planteó el escritor y periodista catalán Josep Pla cuando visitó Nueva York y vio las luces infinitas de sus calles, de los rascacielos y de los teatros de Broadway: "Y todo esto, ¿quién lo paga?". 

Los Presupuestos de 2023 son los más caros de la historia. Los cálculos de los analistas hablan ya de un incremento medio anual en los impuestos de más de 800 euros por contribuyente. El IRPF prevé recaudar un 7,7% más. El IVA, un 5,9% más. Y el impuesto de sociedades, un 7,7% más. Y eso cuando el Banco de España ha recortado hasta un escaso 1,4% el crecimiento del PIB en 2023. Una cifra radicalmente insuficiente para sostener el tsunami de gasto diseñado por el Gobierno. 

Los PGE de 2023 no parecen pensados para aliviar la carga que pesa sobre los españoles del sector productivo, ya sean estos de clase trabajadora (a los que se intenta compensar con ayudas más paliativas que estructurales), de clase media o de clase alta, sino para llevar en volandas a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hasta las elecciones de 2023. La sospecha es que el precio será casi imposible de pagar.