Cuando el ministro de Interior está cerca de ser investigado por la crisis de la tragedia en la valla de Melilla, llegan nuevos problemas fronterizos del otro lado del Estrecho. Marruecos no ha renunciado a sus aspiraciones de anexionarse las aguas que bañan la costa saharaui, la mediterránea y las que se solapan con las Islas Canarias.

El giro diplomático de España el pasado abril en su posición sobre el Sáhara, en el que Pedro Sánchez aceptó el plan de autonomía marroquí sobre su excolonia, lejos de haber disuadido a Rabat de reclamar su soberanía sobre esos espacios marítimos parece haberle envalentonado para seguir ejerciendo presión al Gobierno sobre los peñones y las islas españolas frente a sus costas.

Y todo porque en aquel acuerdo entre Sánchez y Mohamed VI, que aspiraba a pacificar las tensas relaciones entre ambos países y a solucionar el problema migratorio, no se estableció una delimitación expresa del dominio de las aguas en los islotes y peñones. Y ni siquiera en los casos de Ceuta y Melilla, que Marruecos tampoco reconoce como españolas. De hecho, uno de los puntos más criticados de aquel pacto fue que en él no se incluyó ninguna mención a la españolidad de las dos plazas norteafricanas.

Madrid y Rabat llevan meses intentando ponerse de acuerdo sobre la titularidad de las aguas jurisdiccionales fronterizas. Pero la ausencia de una garantía explícita del respeto de la soberanía española sobre los territorios africanos ha permitido al país vecino amparar su estrategia de presión, con la que intenta decantar a su favor la delimitación de los espacios marítimos.

Marruecos ha dado sobradas muestras de que siempre quiere más en sus relaciones con España. Una insaciabilidad consecuente con el concepto del 'Gran Marruecos', el proyecto expansionista que inspira la política exterior del régimen alauita. Un programa neocolonial similar al que guía el imperialismo de Putin, y que pretende restituir las "fronteras históricas" de Marruecos afirmando la marroquinidad de Ceuta, Melilla, Canarias, Mauritania y del Sáhara Occidental, que siempre ha considerado territorios "ocupados". Además, el país vecino no ha dejado de ampliar y mejorar su arsenal militar en los últimos años.

Por todo esto, resulta ingenuo pensar que tras la anexión del Sáhara la monarquía alauita vaya a contentarse con ningún modelo de vecindad que no implique la cosoberanía de Ceuta y Melilla.

El vuelco del Gobierno con respecto a la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental tenía por objeto cerrar la crisis diplomática, entregando la excolonia española a cambio de una mayor colaboración de Marruecos en el control de los flujos migratorios, que Rabat siempre ha utilizado para presionar a nuestro país.

Y aunque en los días que siguieron a la firma de la declaración conjunta entre Sánchez y Mohamed VI pareció que Marruecos cumplía con su compromiso de moderar el tráfico fronterizo, muy pronto volvieron a permitir las entradas ilegales, que se multiplicaron exponencialmente poco después.

Apenas se han podido apreciar hasta la fecha ganancias claras para España tras su claudicación ante Rabat. Por el contrario, el giro sobre el Sáhara le abrió al Gobierno una nueva crisis diplomática con Argelia, que rompió el tratado de amistad con nuestro país en represalia por el respaldo español de la propuesta marroquí de autonomía.

Además, los indicios que relacionan a Rabat con el espionaje a miembros del Ejecutivo a través del software Pegasus hicieron inevitables las sospechas sobre una vinculación entre ambos acontecimientos. Unas sospechas que se refuerzan por la advertencia del CNI sobre el incremento de la presencia de espías marroquíes en consulados españoles.

Si el Gobierno no afirma taxativamente en los foros correspondientes la integridad territorial de España frente a las insaciables aspiraciones expansionistas marroquíes, será difícil alejar los recelos sobre la defensa meramente retórica de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. No es sostenible seguir pasando de puntillas por el hecho, por muy espinoso que sea, de que Rabat sostiene que "Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España". La aplazada -y aún sin fecha- cumbre bilateral con el país vecino podría ser un buen momento para que el Ejecutivo exhiba firmeza frente al marcaje constante del régimen alauita.