La intervención de ayer martes de Pedro Sánchez en el Senado ha marcado un nuevo estadio en la escalada de hostilidad del presidente contra la iniciativa privada. Después de su última comparecencia, queda descartado cualquier atisbo de un viaje al centro, que Sánchez pareció sugerir cuando se situó del lado de "la mayoría de españoles" frente a los manifestantes de la concentración de Cibeles.

Por el contrario, el cuarto cara a cara entre el líder del Ejecutivo y Alberto Núñez Feijóo ha evidenciado que Sánchez tiene intención de abundar en el discurso populista al que se abonó el año pasado.

Ayer, Sánchez acusó al sector privado de haber diseñado un "plan oculto" para deteriorar los servicios públicos. Y esta disparatada interpretación conspiranoica la pronunció poco después de acusar a Feijóo de alentar tesis complotistas contra el Gobierno de España.

Responsabilizando a las "altas esferas" de ser las culpables de los salarios bajos, y a "lo privado" de la pérdida de poder adquisitivo de la clase media, Sánchez se aferra a los manidos resortes de esa vieja izquierda que quiere retratar a la derecha como parte de una trama para debilitar el Estado del bienestar en beneficio del sector privado.

Feijóo sería así, con su programa de rebajas fiscales y contención del gasto, el valedor político de este "plan oculto diseñado por ciertas élites económicas con el propósito de incrementar sus beneficios".

Para añadirle más histrionismo a este retrato de la derecha como conspiradora contra el interés general, Sánchez recurrió a la baza que lo aupó al poder: el de una supuesta corrupción consustancial al PP.

Pero lo hizo mentando a ministros de José María Aznar. Es insólito que el Gobierno pretenda hacerle oposición a la oposición. Pero ni siquiera a esta, o a la de la legislatura anterior. Sino a la de hace veinte años.

Esta estrategia de caricaturizar al adversario como una facción en beneficio de los ricos y los corruptos le permitió también a Sánchez eludir los reproches que le lanzó Feijóo a costa de la ley del sí es sí.

El presidente del Gobierno se refugió en eufemismos, escudándose en que la ley tiene "consecuencias indeseadas" por "razones técnicas". Pero sigue sin explicar qué va a hacer para evitarlas. Sigue también sin asumir responsabilidades. Y sigue, finalmente, sin exigir que las asuman aquellos a los que se puede imputar la factura de una norma de cuyo pernicioso impacto jurídico fueron repetidamente advertidas.

Ya no cabe engañarse. El PSOE va a fiar sus expectativas electorales a una estrategia maniquea y polarizadora que bebe de los planteamientos antisistema de sus socios de coalición. Y que tiene como principio rector la demonización de los empresarios y del sector privado en general.