La batalla en el seno del Gobierno por la reforma de la ley del 'sí es sí' es ya a campo abierto. Ayer martes, líderes del PSOE y de Podemos entrecruzaron mensajes en los medios acusándose mutuamente del fracaso de la norma y de lo que Pedro Sánchez calificó como "efectos indeseados, y me quedo corto". 

Es la primera vez que PSOE y Podemos arremeten abiertamente y de forma explícita contra el otro en un intento evidente de descargar todas las culpas del fracaso de la ley del 'sí es sí' en la otra mitad de la coalición. Algo difícil de lograr desde el momento en que la norma, como todas las salidas del Consejo de Ministros, es colegiada y responsabilidad del Gobierno en pleno.

No estuvo afortunada Pilar Llop cuando, para defender la propuesta de reforma de la ley del 'sí es sí' presentada por el PSOE, afirmó ayer que "con una herida es fácil probar la violencia o la intimidación".

Una afirmación patosa que fue contestada por Podemos con una barbaridad inadmisible. La de que el PSOE está a favor de lo que Pablo Echenique llamó "el Código Penal de La Manada".

"¿Y qué ocurre si no hay herida? ¿Se asume que se ha consentido? Habrá que demostrar que no. Es decir, esta reforma vuelve al modelo anterior" afirmó luego Lilith Verstrynge. "No queremos un modelo penal en el que para demostrar una agresión importen más nuestras heridas que nuestra voluntad", añadió Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad. 

"Antes se suponía que a las mujeres se les tenía que preguntar si habían cerrado bien las piernas. Sabemos que no es fácil probar la violencia, que supone un calvario probatorio enseñar las marcas y las heridas de esa violación" dijo Irene Montero, que lleva semanas recordando que no se moverá "ni un centímetro" de su línea roja, la de un consentimiento que, por otro lado, ya existía antes de la ley del 'sí es sí' y que la reforma presentada por el PSOE no invalida.

La batalla, en resumen, es explícita y está cebando una bomba de relojería. Porque, como informa hoy EL ESPAÑOL, el debate y la votación de la reforma del PSOE coincidirán temporalmente con las manifestaciones del 8-M. Una circunstancia que Irene Montero no desaprovechará para lanzar al feminismo más radicalizado y afín a Podemos contra los socialistas. 

Este Gobierno ha hecho de la bipolaridad un arte comportándose como Poder Ejecutivo cuando las circunstancias lo aconsejaban, pero como oposición de la oposición cuando convenía arremeter contra el PP. Algo que Podemos ha llevado al paroxismo criticando aquellas decisiones del Gobierno del que ellos forman parte cuando estas han contradicho sus presupuestos ideológicos, como ocurrió con el caso del Sáhara. 

Estar dentro y fuera del Gobierno en función de lo que convenga en cada momento es una estrategia electoral ventajista para el que la ejecuta. Pero tiene un coste para las instituciones y transmite la imagen de un Ejecutivo convertido en una amalgama de caracteres, de personajes y de caprichos incompatibles entre sí y cuyo único pegamento es la voluntad de poder. 

Si Irene Montero cree que la reforma del PSOE atenta contra los derechos de las mujeres (más de lo que lo ha hecho una ley que ha rebajado la pena a más de 400 agresores sexuales y sacado de la cárcel a casi cuatro docenas) y supone volver a un Código Penal que le pregunta a las mujeres si "cerraron bien las piernas" no tiene más opción que dimitir, romper el Gobierno y exigir la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Cualquier otra opción, incluida la de utilizar su posición como ministra para lanzar a los ciudadanos contra su Gobierno con acusaciones demagógicas, demuestra únicamente que su principal interés no es el bienestar de esas mujeres a las que dice defender, sino su supervivencia política y la un partido, Podemos, hundido en los sondeos por el mismo atrincheramiento irracional en el que se ha obcecado.