El aleteo de una mariposa, la noticia de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cobrado (de forma totalmente legal) una ayuda del Gobierno a las familias numerosas, ha acabado generando una tormenta: la decisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de modificar los criterios por los que se concede esa ayuda para evitar que la cobren familias como la del propio Ossorio o la de Mónica García, la líder de Más Madrid.

"Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas", ha afirmado la ministra.

Pero ¿a qué falta de sensibilidad se refiere la ministra si ha sido su Gobierno el que ha otorgado esas ayudas y el que ha determinado las condiciones para recibirlas? ¿Acaso deberían los ciudadanos, en función de criterios extraordinariamente vaporosos (el de "no necesitar" esas ayudas, algo como mínimo subjetivo), renunciar voluntariamente a unas prestaciones a las que tienen derecho?

Ni Ossorio ni Mónica García (que ha dicho desconocer que cobraba esta ayuda) han cometido ninguna irregularidad. Porque a ese bono social térmico tienen derecho las familias que tengan al menos tres hijos, aquellas cuyos ingresos estén por debajo de los 11.862,90 euros para hogares sin hijos y los 24.318,84 € si hay dos hijos menores de edad, y las que tengan al menos un miembro cobrando el Ingreso Mínimo Vital. Y ambos cumplían con el primero de esos requisitos. 

Con la modificación propuesta por Ribera para las familias numerosas, en el futuro sólo podrán cobrar esta ayuda aquellas cuya renta sea inferior a 26.000 euros, una cantidad que equivale aproximadamente al salario medio en España.

Cabe preguntarse por qué una polémica de corto recorrido ha acabado dejando fuera de esas ayudas a las familias con tres, cuatro o más hijos y cuyos ingresos superan por poco esos 26.000 euros. 

Lo cierto es que la casuística es enorme y que el ejemplo de dos profesionales que se encuentran con total seguridad en el 1% de familias con mayores ingresos no puede servir para romper el principio de universalidad de las ayudas y dejar fuera a miles de españoles cuyo "pecado" es cobrar unos pocos miles de euros más que el salario medio. ¿Es que acaso una renta de 30.000 euros con cinco o seis hijos mejora en mucho una renta de 25.000 con tres o cuatro?

Los ciudadanos españoles ya pagan impuestos progresivos y contribuyen a la redistribución de la riqueza nacional en función de sus ingresos. Una obviedad que no puede nada frente al empeño de al menos una parte del arco político español de considerar como "rico" a cualquiera que cobre sueldos superiores a 40.000 o 50.000 euros, que en muchos países europeos es la franja baja de la clase media. 

EL ESPAÑOL no puede apoyar la retirada de esas ayudas sobre la base de argumentos que mezclan de forma demagógica dos criterios distintos: el de la protección de la natalidad y el de la vulnerabilidad social. Sobre todo cuando el Gobierno ha aprobado medidas, como la del bono cultural para los jóvenes, bastante menos necesarias que esa ayuda a familias numerosas.

Cuestión distinta es si la natalidad se protege con ayudas económicas y no con servicios sociales accesibles, una amplia red de guarderías públicas y una política de conciliación laboral razonable. Pero ese es otro debate.