Sólo 24 horas después de la decepcionante crisis de Gobierno ejecutada por Pedro Sánchez, que pasó de largo por los ministerios más polémicos de la legislatura, el Tribunal Supremo ha considerado contraria a Derecho la destitución en 2020 del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

La destitución fue ejecutada por Fernando Grande-Marlaska con el argumento de una "perdida de confianza", pero esta encerraba en realidad una realidad más prosaica: el enfado del ministro del Interior por la negativa del coronel a informar de la investigación judicial sobre el 8-M. Un asunto muy comprometedor para el Gobierno a la vista de la irresponsabilidad con la que se alentó una manifestación masiva políticamente conveniente para el Ejecutivo mientras la Covid se propagaba por toda España.

El Tribunal Supremo ha anulado así la sentencia dictada en septiembre de 2021 por la Audiencia Nacional que revocaba a su vez la adoptada por el juez Celestino Salgado declarando ilegal el cese de Pérez de los Cobos. 

Marlaska, que deberá ahora restituir en su puesto al coronel y pagarle los salarios que se le deben, es el principal apelado por un fallo del Supremo que desautoriza radicalmente los argumentos con los que se justificó su cese. 

Finalizado el periplo judicial con el fallo firme del Supremo es inevitable pensar que Pérez de los Cobos, que fue clave en la causa del procés y en la lucha contra ETA, fue uno de los pagos que el Gobierno hizo a nacionalistas vascos y catalanes a cambio de su apoyo parlamentario. Su destitución no fue por tanto técnica, sino política. 

El fallo del Supremo confirma también que la decisión de Pérez de los Cobos de no facilitar la información que le exigía el Gobierno, una información sometida a secreto judicial y que por tanto él no podía conocer ni revelar, estaba ajustada a Derecho y se basó en una correcta interpretación de sus funciones. 

Cuando el Gobierno solicitó de forma ilegal a Pérez de los Cobos toda la información posible sobre la investigación de la manifestación feminista del 8-M, el principal perjudicado por dicha causa era José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid. Franco fue finalmente exonerado, pero el Gobierno temía que la imputación se extendiera también a Fernando Simón. La petición de información al coronel fue, por tanto, un intento de disponer de información clave que le habría permitido al Gobierno anticiparse a la imputación de cargos clave durante la pandemia. 

La decisión del Tribunal Supremo es una mancha más en el historial de un ministro del Interior que, en otras etapas de la democracia, ya habría sido fulminantemente cesado por el presidente del Gobierno. Hay que recordar que fue el propio Marlaska el que afirmó en el Congreso que no iba a dimitir porque "no había cometido ninguna ilegalidad". Confirmado por el Supremo que sí la cometió, ¿dimitirá ahora?

A esa evidencia se suma el propio motivo del cese. Porque más importante incluso que el hecho de que Pérez de los Cobos fuera destituido ilegalmente es el de que lo fuera por negarse a cometer una ilegalidad en beneficio del Gobierno. 

¿Con qué autoridad pretende Marlaska seguir ejerciendo como ministro tras este nuevo varapalo del Supremo? Ni siquiera teniendo en cuenta que estamos en los meses finales de la legislatura puede justificarse la permanencia en el cargo del que es probablemente el ministro más desautorizado de este Gobierno junto con Irene Montero.

Qué gran oportunidad ha perdido el presidente de dar un golpe de autoridad en la mesa entregando la cartera del Interior a alguien dispuesto a ejercer el cargo con la seriedad y la responsabilidad que Marlaska no ha demostrado. Aunque fuera sólo por unos meses.