Tal y como se preveía, los accionistas de Ferrovial aprobaron ayer jueves el traslado de la sede de la compañía a Países Bajos en la Junta General celebrada por la multinacional española. Los aplausos y los mensajes de apoyo fueron constantes durante la reunión.

Esos aplausos son la prueba evidente de que los accionistas apoyan a la compañía en su choque con un Gobierno que, de forma casi explícita, ha amenazado con represalias fiscales si Ferrovial consumaba su salida de España. No cabe descartar por tanto la posibilidad de que esas amenazas y presiones, que tenían como objetivo dividir a los accionistas, hayan conseguido el efecto contrario consolidando una mayoría abrumadora de un 93% a favor de la salida.

Como publica hoy EL ESPAÑOL, Ferrovial cumple además todos los requisitos para acceder a las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones recogidas en el impuesto sobre sociedades y que el Gobierno amenaza con retirarle. La decisión final recaerá sin embargo en la Agencia Tributaria en un proceso en el que el Gobierno será fiscal, juez, jurado y parte interesada. 

Pero la decisión de negarle esas ventajas fiscales a Ferrovial sería una decisión tan torpe como difícil de justificar. Especialmente a la vista de que la imagen que ha dado el Gobierno es la de un Ejecutivo intervencionista, poco respetuoso con la libertad de establecimiento y de empresa, y escasamente en sintonía con los principios de libertad económica defendidos de forma unánime por los países de la UE. 

Y es que las amenazas han llegado no sólo desde Podemos y sus medios y comunicadores afines, arietes habituales del Gobierno contra las empresas y los empresarios (Ione Belarra ha pedido que Ferrovial devuelva "hasta el último euro de dinero público que recibió de los españoles", como si ese dinero no se hubiera pagado a cambio de obras y servicios concretos), como del sector socialista del Ejecutivo, que debería haber mostrado una mayor contención a la hora de arremeter contra Ferrovial.

El problema para el Gobierno no es ya que Ferrovial haya consumado finalmente su salida de España, sino que el mensaje en forma de presiones y amenazas haya llegado sin interferencias al resto de grandes empresas españolas. Y quizá era esa la intención del Gobierno, dejar claro que salir de España no les saldrá gratis.

Pero en el mundo empresarial las decisiones se toman a largo plazo y puede que muchas empresas españolas prefieran ahora pagar el precio de un castigo fiscal puntual a cambio de una mayor seguridad jurídica en el futuro. Algo que este Gobierno no ha garantizado durante los últimos tres años y que no está en condiciones de garantizar durante las siguientes a no ser que dé un giro de 180 grados en su política de alianzas. 

Aunque la noticia realmente funesta para la economía nacional no es ya que nuestro país expulse a los Ferroviales españoles, sino que sea incapaz de hacer que los Ferroviales franceses, alemanes e italianos se instalen en España. ¿Quién pensó que amenazar a las empresas españolas con levantar un muro de Berlín fiscal que impida su salida del país no se acabaría convirtiendo en un tiro en el pie para el Gobierno?