En una España en permanente campaña electoral, se desdibuja la distinción entre los periodos de campaña y el tiempo ordinario. Y así, los partidos políticos se lanzan constantemente a proclamar anuncios solemnes y ambiciosos de lo que harán si resultan ganadores de los comicios.

Aunque aún estamos propiamente en precampaña, Pedro Sánchez no se resiste a hacer uno de estos anuncios prácticamente cada semana. Y es que cuenta con la gran ventaja frente al resto de contendientes de ser quien maneja el presupuesto.

Los partidos, con la holgura que permite el no saberse obligados a cumplir sus promesas electorales, hacen alarde de prodigalidad en sus futuras medidas económicas.

En el caso de Sánchez, es evidente que no podrá cumplir muchos de estos compromisos. Pero varios de ellos no los ha condicionado el presidente a su victoria en las elecciones, sino que se ha asegurado de dejarlos aprobados antes del 28-M, apurando así lo que le queda de mandato.

La última de estas promesas ha sido el de la creación de un "interraíl español". En un mitin en Murcia, Sánchez adelantó ayer que el Consejo de Ministros aprobará este martes "una bonificación del 90% en las infraestructuras ferroviarias que sean competencia del Estado y un 50% de descuento en la Alta Velocidad". Y se fijará también un descuento del 50% "para que los jóvenes de 18 a 30 años puedan viajar por toda Europa".

Es obvio que el PSOE se ha propuesto ir a la caza del voto joven. El pasado 21 de febrero el Consejo de Ministros consumó otro de los anuncios de Sánchez dirigido a los jóvenes: la aprobación de "la mayor partida de becas en la historia de la democracia" para "garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes". Un gasto de 2.520 millones de euros.

En esta misma línea de beneficiar al target del electorado joven, Sánchez anunció hace una semana una inversión de 1.300 millones de euros para la mejora y la modernización de la Formación Profesional, que ha sido aprobada este miércoles.

La estrategia definida por el presidente en las últimas semanas, en vísperas del inicio de la campaña electoral, no sólo quiere apelar a los jóvenes. También a las clases medias y trabajadoras, ante quienes los socialistas quieren presentarse como sus principales valedores.

La mayor expresión de este énfasis intervencionista y regulacionista, que Sánchez contrapone a unas "recetas neoliberales de la derecha" que sólo beneficiarían a los privilegiados, es la cuestión de la vivienda.

El ladrillo se ha convertido en uno de las principales protagonistas (y de las principales bazas electorales) en esta precampaña. Y eso porque el líder del Ejecutivo ha hecho de la vivienda el gran reclamo electoral del PSOE. Con la suma de todos sus anuncios, Sánchez se ha comprometido a habilitar en los próximos años la inverosímil cifra de más de 244.000 inmuebles de titularidad pública para alquiler social.

El PSOE ha hecho guiños, incluso, al electorado rural, con su Estrategia 30 minutos. Un plan para dotar de servicios esenciales a los habitantes del mundo rural a un máximo de media hora de su residencia.

Sánchez está decidido a inducir un cambio en el imaginario colectivo español para trasladar la idea de que "la izquierda gestiona la economía mucho mejor que la derecha". Pero este aluvión de promesas en el momento preelectoral está contribuyendo, más bien, a hacer de la campaña una caricatura.

Será difícil que los españoles cambien su visión de las campañas electorales como una veda abierta para el dispendio y la compra de votos. Una comprensión clientelista de la política condensada en la anécdota del cacique de la Restauración Natalio Rivas, a quien un vecino gritó durante un mitin "¡Natalico, colócanos a tós!".

Además, cabe preguntarse por qué, si todas estas medidas son tan deseables, el Gobierno no las ha aprobado en los casi tres años y medio de legislatura de los que ha dispuesto, en lugar de esperar a las inmediaciones de la campaña de las autonómicas y municipales.

El caso más palmario de este acelerón electoralista de iniciativas de las que el Gobierno sólo se acuerda en campaña ha sido el compromiso de Sánchez de ayer de aprobar, a petición de la familia, una ley Sara contra el intrusismo en la profesión médica. Porque han pasado nada menos que 233 días desde que la norma fue aprobada en el Congreso, y todavía no ha entrado en vigor.