El Consejo de Ministros ha nombrado hoy martes a Dolores Delgado fiscal de Sala encargada de memoria democrática y derechos humanos. Lo ha hecho en contra del criterio de la Asociación de Fiscales - de representación muy mayoritaria en la carrera- y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. La primera estudia ya un posible recurso frente al Tribunal Supremo tras advertir al Gobierno de que el nombramiento podría ser nulo. 

La designación de Delgado como fiscal de memoria democrática es el eslabón final de una larga cadena de polémicas que empezó con su nombramiento como fiscal general del Estado en 2020 con el evidente objetivo de situar a alguien afín al frente del Ministerio Público.  

El nombramiento de la ministra de Justicia como fiscal general provocó ya entonces el rechazo de buena parte de los fiscales. Y no sólo por su militancia electoral a favor del partido más interesado en la dilución de determinadas causas que afectaban a sus socios parlamentarios, sino también por su conocida relación con el exjuez Baltasar Garzón, al que apoyó durante su enjuiciamiento y posterior expulsión de la carrera judicial. 

La polémica se amplió luego con el nombramiento de su sucesor en el puesto de fiscal general, Álvaro García Ortiz, con una clara sintonía con el actual Gobierno, que a su vez ha devuelto el favor ascendiendo a Delgado como fiscal de primera categoría (fiscal de Sala en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo) y ahora fiscal de memoria democrática. Un ámbito en el que ésta tiene un notorio interés personal dado que su pareja dirige un bufete y preside una fundación dedicada a las mismas materias.

El hecho de que el cometido de Delgado vaya a ser, precisamente, el de coordinar todas las actuaciones del Ministerio Público en un ámbito en el que Garzón tiene intereses económicos era motivo suficiente para que el nombramiento no se hubiera producido jamás. Pero el Gobierno ha vuelto a tropezar voluntariamente en la misma piedra, la de Dolores Delgado, con el agravante del momento escogido, a apenas mes y medio de unas elecciones que podrían llevar a la oposición del PP a la Moncloa. 

El Estatuto Orgánico del Ministerio Público prohíbe a los fiscales ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".

Pero Álvaro García Ortiz rechazó retirar el nombramiento del orden del día del Consejo Fiscal para analizar la posible incompatibilidad, con el argumento de que la Inspección Fiscal ya había examinado la compatibilidad de los candidatos. El procedimiento para el nombramiento de Dolores Delgado, pues, podría ser formalmente nulo. 

El nombramiento de Delgado es la última decisión unilateral de un Gobierno que se ha caracterizado por haber convertido las instituciones en coto privado para la colocación y la recolocación de afines. El nombramiento puede o no ser nulo de pleno derecho, como alegan las principales asociaciones de fiscales. Pero lo que es evidente es que instaurar criterios en la Fiscalía para que sea la profesionalidad, el mérito y la capacidad lo que caracterice los nombramientos y el ejercicio de la función -en lugar de las afinidades políticas o personales- debería ser una de las primeras tareas que acometa un hipotético nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.