La reelección de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra este martes acredita la perseverancia del PSOE en un modelo político perverso que prioriza el arreglo de precarias y enrevesadas mayorías de gobierno sobre el interés general de la nación española.

De hecho, el Ejecutivo que se dispone a reeditar Chivite gracias a los votos de Geroa Bai y Contigo Navarra y a la abstención de EH Bildu guarda muchas similitudes con el Gobierno Frankenstein en el que se ha apoyado el presidente nacional en los últimos cuatro años.

Este tripartito con los populistas y los nacionalistas sostenido por los independentistas, además, se estrena en unas condiciones semejantes a las que podrían condicionar un hipotético Gobierno de Sánchez.

En primer lugar, porque como ha lamentado el presidente de la Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, el nuevo Gobierno foral nace "roto". Después del enquistamiento de las negociaciones con la marca foral del PNV, los aberzales salieron al rescate de Chivite para desbloquear la formación del Ejecutivo.

Pero la mayoría simple de 21 diputados recabada la condena a la dependencia de EH Bildu a lo largo de toda la legislatura y a buscar su apoyo externo para poder sacar adelante las grandes leyes o los presupuestos. Algo similar a lo que caracterizaría un Gobierno en minoría de Sánchez, que afrontaría una gobernabilidad casi impracticable al tener que poner de acuerdo a la sopa de siglas de su "mayoría social" en cada votación.

En segundo lugar, el acuerdo tácito con Bildu amenaza con implicar costosas cesiones capaces de poner en peligro al propio orden constitucional. La portavoz de los independentistas ha aclarado que su abstención no será gratis, como la de hace cuatro años. Y que su formación se dispone a "segar" lo espigado. O sea, a recoger los frutos de todo lo sembrado en el anterior mandato, gracias a sus pactos con el PSOE.

"La que viene no puede ser una legislatura como la anterior: ni en las formas, ni en el fondo", sino que debe ser una "nueva fase política, un punto de inflexión", ha adelantado Laura Aznal. Los aberzales no van a "renunciar a nada" y pretenden "hablar de todo". O sea, impulsar un debate sobre la "soberanía" y el "derecho a decidir" de la comunidad foral, con la integración de Navarra y País Vasco en una única comunidad autónoma, como paso previo a la independencia.

Es la misma pretensión que la declarada por Junts en sus negociaciones con el PSOE, y que pretende supeditar la investidura de Sánchez a una negociación sobre el reconocimiento de la soberanía de Cataluña.

De ahí que Isabel Díaz Ayuso haya sugerido este martes que el presidente negocia "la independencia catalana, vasca y navarra" a espaldas de los ciudadanos a cambio de revalidar mandato. Aunque la acusación es a todas luces desproporcionada, no deja de ser preocupante que Sánchez haya aceptado enmarcar las conversaciones para la constitución de la Mesa del Congreso en clave soberanista. En este sentido, el guiño a sus socios separatistas al proponer a Francina Armengol como candidata a presidir el Parlamento resulta muy elocuente.

Por último, al igual que Sánchez, Chivite se ha mostrado dispuesta a desdeñar la mano tendida del ganador de las elecciones (en el caso de Navarra, la UPN) para evitar dar protagonismo en los gobiernos a los independentistas. Y a armar un pacto de todos para impedir gobernar a la lista más votada.

Por eso, resultan poco creíbles la invocación de la "centralidad y el diálogo" de su discurso de investidura. Y también son palabras vacías su reivindicación de la "convivencia" y la "igualdad territorial", cuando su socio informal (a quien Chivite nunca ha afeado su pasado terrorista) pide hablar del "derecho a decidir".

Es una lástima que la presidenta navarra no haya aprovechado la nueva oportunidad que le han brindado las urnas para enmendar su grave error de hace cuatro años. Las onerosas contrapartidas que ya se han cobrado los socios del PSOE (el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas, la expulsión de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico, o los beneficios penitenciarios a los independentistas catalanes), y las que esperan cobrarse (la amnistía y una consulta de autodeterminación) deberían bastar a los socialistas para convencerse de la necesidad de explorar un régimen de alianzas alternativo.