Como revela hoy la encuesta de EL ESPAÑOL, casi el 77% de los españoles, y entre ellos el 47% de los votantes del PSOE, rechaza la posibilidad de que Pedro Sánchez le conceda la amnistía a los miles de encausados por el procés. Y entre ellos el propio Carles Puigdemont, que podría volver a España, tras seis años huido de la Justicia, como si nada hubiera ocurrido en 2017.

Según la encuesta de EL ESPAÑOL, el rechazo a la amnistía llega al 98% en el caso de los votantes de PP y Vox. En el caso de Sumar y de los propios partidos nacionalistas, los más favorables a la amnistía, el rechazo llega a un nada despreciable 33%. 

El rechazo mayoritario se extiende también, aunque con un porcentaje levemente menor (67%), a la decisión de permitir el uso de las lenguas regionales en el Congreso, así como a la propuesta de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones europeas. 

Habría que retroceder a las leyes y decisiones políticas más polémicas de la historia de la democracia española, como la ley del 'sí es sí' o la decisión de implicar a España en la guerra de Irak, para encontrar un rechazo entre los españoles tan abrumador como este, que alcanza a tres de cada cuatro ciudadanos.

El Gobierno no debería hacer caso omiso a unos datos tan significativos. Porque puede que, como ocurrió en el caso de los indultos, de la eliminación de la sedición del Código Penal, de la rebaja de la malversación o de la ley del 'sí es sí', los votantes de izquierdas estén dispuestos a aceptar a regañadientes las concesiones del PSOE a los nacionalistas si la alternativa es un gobierno de PP y Vox.

Pero ¿cuánto podrá estirar esa "tolerancia" Pedro Sánchez si las cesiones se convierten en el día a día de un Gobierno dependiente de los independentistas? 

Quizá a esa resistencia de los españoles a la concesión de una amnistía difícilmente justificable desde el punto de vista jurídico ha contribuido la evidencia de que dicha cesión no se produce por una decisión política libre del Gobierno, sino como contrapartida al apoyo de unos partidos nacionalistas cuya exagerada influencia no se corresponde con sus pésimos resultados electorales. 

Quizá se deba también a la evidencia de que la amnistía, conceptualmente muy similar a un indulto general (prohibido por la Constitución) y cuyo origen etimológico es el mismo que el de la palabra "amnesia", es una figura pensada para transiciones desde una dictadura a una democracia y sólo para dos tipos de casos. 

El primero de ellos, conductas que en la dictadura eran consideradas delito, pero que en la nueva democracia han sido despenalizados. Esta posibilidad es descartable de plano ya que ni España es una dictadura, ni los hechos que van a ser "perdonados" (y entre ellos la malversación de fondos, la desobediencia o los disturbios públicos) van a dejar de ser considerados delitos en el futuro. 

El segundo, conductas que siguen siendo tipificadas como delito, pero que de alguna manera encajan en los principios y valores de la democracia. Es el caso, como explicaba el diputado del PP Alejandro Fernández en el Parlamento autonómico catalán en diciembre de 2020, de la mayoría de los amnistiados durante la Transición española, que habían sido condenados por el delito de asociación ilícita. 

Ninguno de los dos casos tiene la menor semejanza con el caso de Carles Puigdemont o con el de cualquier otro de los miles de encausados por los delitos que se cometieron en Cataluña durante y después del procés.

Ya no es sólo que las exigencias de los separatistas impliquen forzar las costuras de la Constitución hasta extremos grotescos, cuando no violarla de plano.

Es que una amnistía como la que pretenden ERC y Junts implicaría, como muy bien han entendido los españoles a tenor de los resultados de la encuesta de EL ESPAÑOL, la aceptación por parte del Gobierno español de que la España de los últimos 45 años, incluida la gobernada por el PSOE, e incluso la gobernada por el PSOE de Sánchez desde 2019 a 2023, ha sido sólo un trampantojo autoritario del que ahora emerge prístina e impoluta gracias a esa caída democrática del caballo propiciada nada más y nada menos que por los delincuentes que van a beneficiarse de dicha amnistía. 

Dicho de otra manera: la amnistía no se la estaría concediendo Sánchez a Puigdemont, sino Puigdemont a la democracia española. 

Ningún Gobierno democrático sensato debería no ya aceptar, sino simplemente negociar sobre la base de estas premisas. España no es una república bananera y el Gobierno debería ser el primero en tenerlo claro frente a quienes sostienen esa tesis.