EL ESPAÑOL ha recabado la opinión de los 27 Estados miembros de la UE sobre la petición del Gobierno español de que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE.

Hasta el momento, ninguno de los portavoces de las delegaciones de los 27 Estados en el Consejo Europeo ha afirmado que eso sea posible. Uno de esos Estados, Hungría, ha pedido incluso que el Gobierno español solucione por sí solo sus problemas internos en vez de derivarlos a la UE. 

Pero ha sido Eslovaquia la que ha dado la respuesta más contundente, que EL ESPAÑOL reproduce literalmente en su edición de hoy. 

Según fuentes oficiales de la Representación Permanente de Eslovaquia ante la UE, el catalán no será idioma oficial de la UE hasta que lo sea en toda España. E incluso en ese caso, el proceso podría llevar décadas, como ocurrió con el gaélico. 

Así lo exigen los principios generales de la legislación de la UE y la praxis habitual, según la cual las lenguas oficiales de cada Estado en la UE serán aquellas que lo sean en todo el país, y siempre y cuando sean lenguas de uso real y habitual. Y no sólo entre sus ciudadanos, sino también en las instituciones de todo el país. 

Los portavoces eslovacos acaban con una recomendación obvia. Si el Gobierno español quiere realmente que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales en la UE, lo primero que debe hacer es convertirlos en oficiales a todos los efectos en todo el territorio nacional.

Y eso, en la práctica, requeriría una reforma constitucional agravada, la del artículo 168 de la Carta Magna. Es decir, la misma que sería necesaria para la aprobación de una Constitución completamente nueva.

En primer lugar, la aprobación por 2/3 del Congreso y del Senado. Después, la disolución de las Cámaras y la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Tras estas, las Cámaras deberían ratificar la reforma para proceder a su estudio. Luego, esta debería ser aprobada de nuevo por 2/3 del Congreso y del Senado. El resultado final debería finalmente ser aprobado en referéndum por una mayoría de los españoles. 

Es evidente que ni el catalán, ni el euskera, ni el gallego cumplen los requisitos citados por los portavoces eslovacos, y que una reforma constitucional como la mencionada, que exige el acuerdo total de PP y PSOE, es hoy imposible. 

EL ESPAÑOL está seguro de que tanto el Gobierno español como Carles Puigdemont conocen lo anterior. Es decir, que la oficialidad de las tres lenguas regionales en la UE es imposible. Y si tanto el Gobierno como Puigdemont lo saben, ¿cuál es entonces el verdadero contenido de su pacto para la conformación de la Mesa del Congreso?

Porque ni las comisiones de investigación pactadas ni el uso, anecdótico, de las lenguas regionales en el Congreso de los Diputados son nada más que bagatelas políticas que en ningún modo justifican un pacto como el firmado. 

Es evidente que el pacto del Gobierno con los independentistas es otro muy diferente al que tanto el uno como los otros han vendido a sus votantes y al resto de los españoles. Y una sencilla deducción lo confirma. ¿Qué sentido tiene pactar medidas irrelevantes o imposibles a cambio de la Mesa del Congreso si dichas medidas no podrían ser ejecutadas luego sin la investidura previa de Pedro Sánchez?

Es obvio, por tanto, que el pacto entre Sánchez y los independentistas es global, que incluye la Mesa y la investidura, y que su alcance es mucho mayor que el declarado por ambas partes. Si de algo está seguro EL ESPAÑOL es de que Puigdemont no le daría la presidencia a Sánchez a cambio de una medida que no se hará realidad jamás (la oficialidad del catalán en la UE) y de otras tan o más intrascendentes que esa. 

Un segundo detalle. Carles Puigdemont ha repetido una y otra vez que el pacto con el PSOE no se puede limitar a medidas que únicamente beneficien a los políticos procesados. Lo que está diciendo con esto Puigdemont es que la amnistía no le basta dado que esa medida no avanza en un solo centímetro la causa del independentismo. 

La sospecha, por tanto, de que el verdadero pacto entre Sánchez y Puigdemont incluye no sólo la amnistía, sino también alguna forma de referéndum de independencia enmascarado con un eufemismo similar al de la "desjudicialización" es cada vez mayor. 

El PP tiene la obligación ineludible de conseguir que Sánchez haga público el verdadero contenido de los pactos con el independentismo catalán. Y el Gobierno tiene la obligación de revelar a los españoles sus verdaderas intenciones para la legislatura que se avecina. Porque tanto la amnistía como la independencia son una enmienda a la totalidad de las bases jurídicas y sociales sobre las que se asienta la existencia de España como nación soberana y la convivencia de todos los españoles.