A lo largo de las últimas 24 horas, y a la estela de Felipe González y Emiliano García-Page, varias personalidades destacadas del PSOE, y entre ellas varios exministros, se han sumado a la tesis de la inconstitucionalidad de la amnistía con la que Pedro Sánchez pretende comprar el apoyo de Carles Puigdemont a su investidura.

Entre esas personalidades del PSOE, como informa hoy EL ESPAÑOL, Ramón Jáuregui, Jordi Sevilla, Julián García Vargas, Rosa Conde y Virgilio Zapatero. 

Al grupo debe sumarse también a Meritxell Batet, que ha hecho coincidir su retirada de la política con el anuncio de la reforma que permitirá a partir de ahora el uso de las tres principales lenguas regionales españolas en el Congreso de los Diputados.

Batet no ha vinculado su retirada con dicha reforma o con la más que previsible aprobación de una amnistía para Carles Puigdemont y los otros 4.000 acusados por delitos relacionados con el procés, pero su tensa relación con los independentistas y su negativa a tramitar la ley de amnistía presentada en 2021 por los partidos independentistas tras el rechazo, por inconstitucional, de los letrados de la Cámara permiten aventurar que ambos hechos están relacionados.

La incomodidad de varias personalidades del PSOE con la amnistía que prepara Pedro Sánchez no es todavía suficiente para hacer temblar la mano del presidente, pero introduce un elemento novedoso en la ecuación. Sobre todo si la mancha de aceite del descontento se extiende y cuaja una plataforma de oposición a una medida "de gracia" que no puede interpretarse de otra manera que como una enmienda a la totalidad del Estado de derecho español y sus instituciones nucleares, incluida la Corona.

Es cierto que el PSOE sanchista puede alegar que todos los críticos tienen motivos "impuros" para oponerse a la amnistía de Carles Puigdemont. Page ha sido considerado siempre como el principal candidato para suceder a Sánchez. González ha sido tratado por el PSOE de Sánchez con displicencia, cuando no con desprecio. Jáuregui, muy vinculado a Rubalcaba, fue marginado por el sanchismo. Etcétera. 

Pero eso sería, de nuevo, desviar el foco del debate hacia terrenos secundarios. Y como explica Virgilio Zapatero en su brillante artículo de hoy en EL ESPAÑOL, ese foco ya ha sido absurdamente desviado hacia terrenos técnicos (su constitucionalidad o inconstitucionalidad) que le han permitido al presidente esquivar el verdadero debate nuclear sobre la amnistía: su inexistente justificación política.

Porque lo que salta a la vista es que la amnistía no responde a un proyecto de país, una idea madura de la estructura territorial de España o una visión, buena o mala, sobre la relación de las autonomías con el Gobierno central. La amnistía no es más que el pago que Sánchez entrega a Puigdemont a cambio de su investidura. Algo que Jaume Asens ha confirmado frente a la prensa con tan poca prudencia como inteligencia política. 

Especialmente absurda es la excusa de que la amnistía tiene como objetivo desinflamar el "conflicto" catalán. Es la misma excusa que se alegó para los indultos, para la derogación de la sedición y para la rebaja de la malversación. Doblemente absurda, además, cuando durante la campaña electoral del 23-J el propio Sánchez justificó esas tres decisiones con el argumento de que Cataluña ya estaba desinflamada.

¿Para que necesita desinflamarla más, entonces?

¿Y qué desinflamación es esa en la que el golpista beneficiado por la amnistía afirma que lo volverá a hacer, pero esta vez con tanta impunidad legal como moral? 

La amnistía no es un indulto ampliado ni un gesto destinado a la reparación de una injusticia histórica tras el paso de una dictadura a una democracia. Es exactamente lo contrario: la corrupción de una democracia en pago por el beneplácito de un golpista.

De una "amnistía" como la que pretende Sánchez no se vuelve ileso y el PSOE debería preguntarse, como ya hizo en 2106, hasta dónde puede llegar alguien capaz de apostarse la Nación en la ruleta de su investidura.