A pesar de que fuentes del Gobierno han dado casi por segura la futura oficialidad de las tres lenguas regionales españolas (catalán, euskera, gallego) en las instituciones europeas, todo parece indicar que la medida no será aprobada en el Consejo de la UE que tendrá lugar el próximo martes 19 de septiembre. En el mejor de los casos, la medida podría ser demorada ad calendas graecas, una práctica habitual en el Consejo, con el pretexto de la necesidad de contar con más información sobre la propuesta. 

La oficialidad del catalán en la UE fue uno de los "hechos comprobables" que Carles Puigdemont exigió el pasado mes de agosto a Pedro Sánchez a cambio de darle el control de la Mesa del Congreso de los Diputados al PSOE.

La medida jamás se planteó como una propuesta que podría llevar años de trabajo en la UE, y que de hecho tiene muchas probabilidades de no ser aprobada jamás, sino como un hecho consumado. El comunicado que Junts hizo público el 17 de agosto afirma, de hecho, que "el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha enviado una carta a la secretaria general del Consejo de la Unión Europea, Thérèse Blanchet, para que este tema se incluya en el orden del día del Consejo General que tendrá lugar el 19 de septiembre para su aprobación".

La expresión clave es "para su aprobación". Porque las reticencias de Eslovaquia primero, recogidas el pasado 28 de agosto por EL ESPAÑOL, y de Suecia ayer, dando a entender que sus representantes vetarán la oficialidad del catalán en la UE, parecen indicar que la unanimidad de los socios europeos, necesaria para la adopción de una medida como esta, no sólo no está garantizada, sino que es imposible. 

Los motivos para esas reticencias son obvios. El primero de ellos es económico. La UE gasta cada año 1.000 millones de euros en traductores e intérpretes. Añadir tres lenguas más a las 24 que ya son oficiales en la UE obligaría a incrementar el presupuesto sensiblemente y a enturbiar todavía más la ya de por sí farragosa burocracia multilingüe de las instituciones europeas. 

Pero ese es un obstáculo menor que podría ser esquivado por el Gobierno comprometiéndose a correr con los gastos que supondría la contratación de los nuevos traductores e intérpretes de catalán, euskera y gallego. 

Más complejo de sortear es el segundo obstáculo. El de la sospecha de que la oficialidad de los tres idiomas regionales españoles excitaría peticiones similares en países que también cuentan con idiomas minoritarios, con movimientos separatistas como el catalán y el vasco, y con conflictos regionales similares a los españoles. La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego supondría así darle una patada a un avispero que fácilmente podría derivar en reivindicaciones locales contrarias al espíritu de la UE, una organización de Estados nación, no de regiones ni de pueblos de Europa. 

Es evidente que esa información, la de la enorme dificultad de oficializar el catalán en la UE, debía ser conocida previamente tanto por el PSOE como por Carles Puigdemont. La pregunta entonces es quién engañó a quién. Si Pedro Sánchez al prófugo, prometiéndole aquello que no depende de su voluntad, o el prófugo a los votantes independentistas, garantizándoles algo que no se concretará el próximo martes, y probablemente nunca, con el objetivo de ofrendar un 'trofeo de caza' que le permitiera ganar tiempo en la negociación de otras medidas que le benefician personalmente.