Las novedades sobre la investigación del caso Negreira que ayer publicó EL ESPAÑOL obligan a una remodelación total del Comité Técnico de Árbitros (CTA), hoy heredero de las decisiones, los nombramientos, los ascensos y los descensos gestionados o influenciados por su exvicepresidente, con el objetivo de preservar la credibilidad de la liga española de fútbol y la limpieza de la competición. 

El último auto del juez Joaquín Aguirre, que investiga los pagos a Enríquez Negreira por parte del F. C. Barcelona con el presunto objetivo de amañar los resultados de La Liga en beneficio del equipo catalán, incluye ya como imputados tanto al propio Negreira como a su hijo, a Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell (expresidentes de la entidad), y a dos exdirectivos, Òscar Grau y Albert Soler. 

Entre 2001 y 2018, el F. C. Barcelona pagó cerca de 7,2 millones de euros al vicepresidente del CTA por supuestos "informes" arbitrales, aunque el juez investiga la posibilidad de que esos pagos tuvieran como verdadera finalidad influir en la voluntad de los árbitros en beneficio, siempre, del club barcelonés.

De confirmarse la sospecha se pondrían en duda los resultados de 17 años de LaLiga. El presunto amaño habría tenido además consecuencias a nivel de patrocinios y, por supuesto, en la clasificación para competiciones europeas. El perjuicio a algunos clubes españoles podría ser, por tanto, multimillonario.   

Como informa hoy EL ESPAÑOL, la lista de imputados podría también incluir muy pronto al actual presidente del F. C. Barcelona, Joan Laporta, dado que el delito de cohecho en su modalidad continuada no prescribe hasta los quince años.

La negativa de la directiva de Sevilla, contra el que ayer jugó el F. C. Barcelona en el Camp Nou, a estar presente en el palco añadió más presión al club y situó a Laporta en la picota. En un comunicado hecho público poco antes del partido, el Sevilla "muestra su total indignación y repulsa por las prácticas realizadas por los exdirigentes del F. C. Barcelona imputados por el caso Negreira, prácticas que supuestamente constituyen delito para el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, según recoge el auto difundido en los medios de comunicación".

Lo desorbitado de las cifras abonadas por el F. C. Barcelona, y el hecho de que los pagos finalizaran cuando Negreira abandonó la vicepresidencia del CTA, parecen señalar una evidente intención de amañar la competición utilizando para ello al estamento arbitral. Independientemente de lo que resuelva la justicia, parece evidente que existe un clamoroso fallo de protocolos en el CTA que, al menos potencialmente, abre la puerta al amaño de la competición en beneficio de uno o varios clubes corruptos. 

Es por ello por lo que EL ESPAÑOL pide la renovación total del CTA, heredero hoy de la estructura y de los ascensos y descensos presuntamente manipulados por Negreira durante 17 años, y la reforma de los reglamentos para impedir que ninguno de sus miembros reciba pagos o regalos de ningún tipo por parte de las entidades afectadas por las decisiones de sus miembros. Lo exige una elemental higiene deportiva con el objetivo de salvaguardar la credibilidad del CTA, hoy arrasada por el caso Negreira, y para garantizar la limpieza de la competición. 

Independientemente de ello, deben investigarse los resultados del F. C. Barcelona y de sus rivales directos durante los 17 años en los que el club catalán estuvo pagando a Negreira, así como adoptar las medidas necesarias, utilizando para ello todas las herramientas legales disponibles, para que el perjuicio generado al resto de clubes de la liga española sea reparado tanto en sus aspectos deportivos como económicos.