El acuerdo de investidura de PSOE y ERC recoge el altísimo precio que España tendrá que asumir a cambio de que los siete diputados del partido del indultado Oriol Junqueras mantengan a Pedro Sánchez en la Moncloa.

A las claudicaciones políticas y simbólicas, al desprecio de las instituciones democráticas con la confrontación de la "legitimidad popular" con la "legitimidad constitucional", al compromiso de romper el principio de igualdad entre españoles con una amnistía sin excepciones y a la vía abierta para la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña, se incorpora una nueva serie de regalías y renuncias que ahonda en los tratos de privilegio hacia sus socios. De nuevo a costa de los intereses del Estado y del bolsillo de los españoles.

El sí de ERC a Sánchez costará, por una parte, 15.000 millones de euros a los ciudadanos. La cifra corresponde a la quita de la quinta parte de la deuda adquirida por el Govern mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creado por el Estado para rescatar a las comunidades tras la crisis de 2008. El PSOE traslada que Cataluña no será la única autonomía beneficiada. Pero una verdad salta a la vista. El PSOE sólo promete café para todos, y no el mismo, cuando Cataluña está ya servida.

Los 15.000 millones condonados a la Generalitat suponen, de partida, un evidente agravio económico con las administraciones sin deudas pendientes, como la Comunidad de Madrid, y con aquellas al corriente de sus compromisos de pago, como la Junta de Andalucía, donde el presidente Juanma Moreno ha reclamado "igualdad" entre españoles. Claro que ni Madrid ni Andalucía, y en realidad ninguna otra autonomía, sostienen una red de embajadas en el extranjero ni destinan tantos fondos como Cataluña a sus radiotelevisiones autonómicas.

A esos 15.000 millones de euros se unen los más de 1.300 millones de euros que se ahorrarán de sus intereses y los 1.500 millones añadidos para la policía autonómica. Además de las encomiendas de gestión, de manera que el Gobierno dará carta blanca a la Generalitat para ejecutar las inversiones presupuestadas pasando el recibo a Madrid. No es el acuerdo más recomendable cuando la administración beneficiaria se ha caracterizado, durante los años de gobierno independentista, por un uso indebido de los fondos públicos y una dirección desleal con el Estado. ¿A cuánto subirá esta vez el 3%?

A todo ello cabe añadir las cesiones en una materia particularmente sensible para los intereses nacionales. En un editorial reciente, EL ESPAÑOL alertó sobre el riesgo de una transferencia integral de Rodalies a la Generalitat, advirtiendo sobre la insensatez de trocear una infraestructura crítica del país por las urgencias privadas de un candidato a la presidencia.

El acuerdo con ERC no llega tan lejos, pero da un paso más en la dinámica de desconexión impulsada por la Generalitat. El PSOE acepta la creación de una empresa pública participada por la Administración central y la autonómica donde la Generalitat tendrá la última palabra y el Estado sufragará los gastos.

Sánchez también avala la entrega de la gestión total sobre varios tramos y que la preferencia en la circulación de las vías (financiadas por el Estado) no sea para el AVE o los mercancías, casi reducidos a la categoría de transportes extranjeros, sino para los trenes catalanes. Este mismo pacto prevé otros 132 millones para este servicio, paralelo al plan de más 30.000 millones de inversión iniciado en 2020.

La lista de agravios no acaba aquí. Porque el PSOE accede, a su vez, a profundizar en la insolidaridad y la desigualdad cuando todavía quedan deudas pendientes con regiones infrafinanciadas, como Valencia, Galicia o Murcia, y pactará la financiación de la Generalitat directamente con el Govern, al margen del resto de las comunidades.

Los hechos hablan por sí mismos. Sánchez podrá argumentar que el propósito es restaurar los puentes entre la Generalitat y la Moncloa. Pero los españoles no se dejarán engañar tan fácilmente. Saben que los principales beneficiados por las cesiones no son los líderes del procés. Tampoco un pueblo al fin destinado a la concordia. El principal favorecido de esta política es el propio Sánchez, a quien investirán como presidente del Gobierno a un precio disparatado que todavía no incluye la suma del prófugo Carles Puigdemont.