Aunque el ranking de capitalización bursátil no lo refleje, Telefónica sigue siendo la empresa más importante de España desde un punto de vista estratégico.

Esto es así por la trascendencia del sector de las telecomunicaciones en el ámbito de la Defensa y por su papel clave en debates como el del derecho al control sobre los datos personales, la lucha contra las fake news y la manipulación política a través de las redes sociales o la implantación y límites de la Inteligencia Artificial.

Y si hablamos de su influencia en el día a día de los ciudadanos, baste pensar en lo dramáticamente diferente que habría sido el confinamiento durante la pandemia de no ser por la sólida y extensa red de fibra que Telefónica ha ido implantando en España mediante inversiones multimillonarias.

Al borde mismo de su centenario, Telefónica se ha convertido en un accesible objeto de deseo para los grandes inversores internacionales, como consecuencia de la prioridad que los reguladores tanto nacionales como europeos han dado al incremento de la competencia en el sector, muchas veces a su costa.

Esto ha sido así con gobiernos del PP y del PSOE, en Madrid y en Bruselas. La estrategia regulatoria ha supuesto favorecer por un lado a los gigantes de la distribución de contenidos, que usan las redes desplegadas por las telecos sin una contribución justa a su financiación. Y, por el otro, beneficiar a los nuevos operadores que de manera parasitaria entran en los mercados europeos, aprovechando las infraestructuras ya creadas y haciendo millonarios a unos pocos.

Puede que esto haya favorecido a corto plazo a los consumidores, pero ha drenado rentabilidad a Telefónica y las demás operadoras de referencia, haciéndolas vulnerables a maniobras de adquisición no deseadas.

Límites a los saudíes

Ese ha sido el contexto en el que se ha producido la compra de hasta un 4,9% del capital por la empresa STC, propiedad de la familia real saudí, y la pretensión de incrementar esa posición hasta un 9,9% mediante operaciones de ingeniería financiera ya en marcha. Esto convertiría a los saudíes en el primer accionista de Telefónica de lejos, por apenas 2.100 millones de inversión.

Ese incremento requiere sin embargo de la autorización del Ministerio de Defensa, precisamente por el papel neurálgico de Telefónica para los intereses nacionales. No es algo que deba decidir un Gobierno en funciones, pero las ideas del presidente Sánchez parecen estar claras al respecto. "Garantizaremos que cualquier inversión extranjera no trascienda los límites que supongan una influencia indebida", aseguró hace ya mes y medio en la sede de CEOE.

Es obvio que una inversión pública saudí no puede ser contemplada de igual manera que la de una empresa de la UE. Pero España tampoco puede generar una cultura refractaria a la inversión extranjera.

El Gobierno que finalmente se forme tendrá que mantener un delicado equilibrio que en este caso bien podría traducirse en rechazar el incremento por encima del 4,9% o tal vez limitar en ese tope los derechos políticos de STC. Eso daría margen a los saudíes para mantener su posición, diluirla a través del mercado o traspasar sus derechos a eventuales inversores españoles, tanto si se trata de actuales accionistas de Telefónica (CaixaBank o BBVA) como de nuevos grupos interesados.

Sería en cambio contraproducente aprovechar la situación creada para impulsar que fuera la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quien entrara en el accionariado, como se viene especulando, para contrarrestar el peso de los saudíes.

Brasil, Argentina, Chile

Planteamientos ideológicos al margen, que un Estado tome una participación minoritaria en una empresa estratégica no es en sí mismo una aberración. Sucede en Francia y en otros países de nuestro entorno.

Pero en el caso de Telefónica podría acarrear más inconvenientes que ventajas. En primer lugar, supondría una vuelta atrás en el proceso de privatización impulsado en la etapa de Aznar que tanta eficiencia introdujo en la economía española en general y en la operadora en particular.

Ocurriría además en un momento en que el socio principal del probable Gobierno está exigiendo desde la izquierda radical la participación de los sindicatos en la gestión de las grandes empresas. Los mercados no discernirían entre una cosa y la otra.

Por otra parte, cabe recordar que Telefónica es el operador de referencia en tres países latinoamericanos de la importancia de Brasil, Argentina y Chile. Una entrada del Estado español (o sea, del gobierno de turno) en el capital y los órganos de gobierno de Telefónica generaría un indeseable efecto de emulación que sin duda encontraría terreno abonado en los movimientos populistas que han germinado en el subcontinente.

Plan estratégico

Este próximo miércoles, José María Álvarez Pallete, el primer presidente de Telefónica elegido entre su equipo profesional, presentará el Plan Estratégico hasta 2026 en el primer "Investor Day" en más de una década. La expectación está a la altura de la capacidad de liderazgo y la visión del futuro mostrada por Pallete y su equipo hasta la fecha.

Si de lo que se trata es de proteger los intereses nacionales protegiendo a Telefónica, lo más inapropiado sería introducir en este contexto un factor desestabilizador sujeto a todo tipo de interpretaciones, como la adquisición por la SEPI de ese 5% en danza. Sería peor el remedio que la enfermedad.

Los hechos han demostrado que los sucesivos gobiernos han dispuesto de los suficientes resortes directos e indirectos como para velar por los intereses generales afectados y tratar de influir en las decisiones estratégicas de Telefónica (a veces más de la cuenta) sin necesidad de estar representados en su Consejo de Administración. Sería un error que la entrada indeseada de los saudíes sirviera de coartada para cambiar esta pauta.

Sobre todo, cuando va a estar en la mano de Sánchez o de quien le suceda tratar a Telefónica con mayor justicia regulatoria e impulsar ese mismo criterio en la UE. Sólo la autonomía estratégica europea garantizará la continuidad de nuestro modelo de sociedad. Y sólo la competitividad de las grandes operadoras como Telefónica en el mercado global de capitales asegurará la contribución de este sector clave a la prosperidad de las democracias liberales.