Cuando el pasado 4 de octubre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegaron a un acuerdo para encontrar una alternativa a la polémica ley de regadíos en el entorno de Doñana, este diario lo saludó como un ejemplo de la capacidad de PP y PSOE para llegar a pactos beneficiosos para todos los españoles. 

Ayer lunes, menos dos meses después de ese compromiso, PP y PSOE anunciaron un pacto por el que los agricultores de la zona recibirán 100.000 euros por cada una de sus hectáreas de cultivos. El plan supone una inversión total de 1.400 millones de euros, y será pagado en un 70% por el Gobierno central, en un 20% por la Junta de Andalucía y en un 10% por la Diputación. Es una excelente noticia. 

"Cualquier vecino con hectáreas en el área de influencia puede solicitar el acompañamiento para reforestación, o el establecimiento de secano o agricultura ecológica", ha dicho Ribera. En el primer caso, las ayudas serán en principio para diez años, con hasta treinta de límite. 

En el caso de los agricultores que opten por la opción del secano y por la de la agricultura ecológica, el acuerdo exigirá cinco años de permanencia.

Con el pacto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central decae definitivamente la ley de regadíos, que había llegado a provocar la intervención de Bruselas y que se convirtió en una de las polémicas más virulentas de la pasada campaña electoral. Para el PP, la ley de regadíos era la solución menos mala para Doñana y la única opción que le dejaba el Gobierno. Para el PSOE, su sentencia de muerte.

¿Habrían llegado la Junta y el Gobierno a un acuerdo de no ser por la tramitación de la ley de regadíos? Es legítimo pensar que sin ese órdago, el pacto no se habría producido. 

Fuera cual fuera la intención última del Gobierno andaluz, lo cierto es que una vez más se ha demostrado que en España las buenas decisiones políticas a veces se escriben con renglones torcidos. 

Este diario criticó el pasado mes de abril el dogmatismo del Gobierno y su oposición a cualquier iniciativa que implique un movimiento de aguas. También ha criticado a Ribera, que rechaza una infraestructura hídrica que podría abastecer a los campesinos sin necesidad de seguir drenando el humedal de Doñana.

La solución a la que se ha llegado ahora es económica. Pero no todos los problemas relacionados con los recursos hídricos en España van a poder solucionarse con dinero para los afectados. 

Y por eso este diario insiste en que ni PP ni PSOE deben ideologizar, politizar o instrumentalizar electoralmente cuestiones que son de sentido común. Sigue siendo necesario un plan nacional de gestión de los recursos hídricos que evite los periódicos conflictos entre partidos, administraciones y comunidades. El de ayer fue un buen acuerdo, pero debe ser extrapolado al resto de España.