Rara vez un asunto había generado tanta unanimidad entre los encuestados como la limitación del uso de los teléfonos móviles entre los jóvenes, especialmente dentro de las aulas. Según el último barómetro de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el 84,9% de los españoles están a favor de la prohibición de los móviles en clase.

Esta opinión tan abrumadoramente mayoritaria es también, cosa rara, transversal desde el punto de vista ideológico, como acredita nuestra encuesta. Y esto incluye a los distintos gobiernos autonómicos, muchos de los cuales ya tienen una regulación que busca evitar los problemas aparejados al uso de las tecnologías en los centros escolares.

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia ya limitan los móviles en los centros públicos, también para los periodos no lectivos. Extremadura, Aragón, Canarias, Asturias y Navarra están estudiando líneas de acción en este mismo sentido.

Este domingo, Pere Aragonès ha adelantado que el Govern dará próximamente indicaciones a los colegios e institutos para regular el manejo de dispositivos, aunque no los prohibirá, dejando en manos de cada centro establecer su propia normativa. Recomendará restringirlo al máximo en la Educación Secundaria, y una "restricción absoluta" en Primaria.

Algo análogo se ha propuesto el Ministerio de Educación, que propondrá este mes a las comunidades autónomas prohibir los teléfonos móviles en el colegio durante toda la jornada escolar, lo cual incluye el recreo.

Es bueno que el Gobierno respete la autonomía en materia educativa de cada Comunidad, y que estas a su vez involucren a los órganos de decisión de cada centro para que se tomen decisiones acordadas. Pero el clamor entre los ciudadanos y las distintas instituciones para abordar este eventual problema de salud pública exige una coordinación para unificar criterios.

Es urgente un Pacto de Estado que busque una solución consensuada entre los distintos ejecutivos regionales para alcanzar la regulación más restrictiva posible.

Los teléfonos móviles no son una herramienta educativa, por lo que no tiene ningún sentido que estén presentes en nuestras aulas. 

Se puede contemplar como salvedad en la prohibición aquellos casos en los que el uso del móvil lo requiera el proyecto educativo del centro con fines didácticos. Aunque a la vista del examen de la experiencia pedagógica digital de los últimos lustros, ni siquiera para fines lectivos las pantallas parecen muy beneficiosas.

Muchos en la comunidad educativa y en las asociaciones de padres han vinculado el pésimo desempeño de los alumnos españoles en el último informe PISA al problema del abuso del móvil. En la última década España ha ido hundiendo sus medias en Matemáticas, Lectura y Ciencias, quedando nuestro país en la zona media-baja del ranking internacional, muy alejado de los primeros puestos.

No se trata de demonizar los teléfonos móviles en sí mismos. Como con el resto de tecnologías, lo importante es qué uso se les da. Ni tampoco debe abogarse por una solución drástica que pueda hacer que la socialización de los estudiantes se resienta.

Toda regulación debe apoyarse en la evidencia científica. Y los últimos estudios han revisado a la baja la estimación de la incidencia que estos dispositivos tienen sobre el bienestar psicológico de los jóvenes.

Pero la amplia preocupación ciudadana por los efectos de estas tecnologías en la capacidad de atención, el fracaso escolar, el ciberacoso o el deterioro de la salud mental entre los adolescentes obligan a que los poderes públicos establezcan una regulación común.

Eso sí, la prohibición de los móviles en los centros educativos no resuelve todos los problemas asociados a ellos. Como recuerda la Asociación Española de Pediatría, es igualmente capital el papel de la educación parental.

Para que los nativos digitales puedan hacer un uso responsable y saludable de los dispositivos, es necesario que los padres cooperen con la escuela y supervisen qué tipo de consumo hacen de ellos sus hijos, cuáles son los contenidos a los que acceden y que establezcan límites para su disfrute. Y que ellos mismos prediquen con el ejemplo restringiendo la presencia de los aparatos móviles en los hogares.