Pedro Sánchez encaraba el pleno de este martes en el Congreso de los Diputados en la tesitura de un dilema importante: elegir entre claudicar una vez más ante la intransigencia de Junts o mantenerse fiel a los valores fundacionales y fundamentales de la Unión Europea.

Este escenario es el que había propiciado indirectamente el auto del juez Joaquín Aguirre del lunes, en el que insinuaba una inminente imputación de Carles Puigdemont por sus conexiones con el Kremlin. En este caso, la desestabilización coordinada entre los emisarios de Puigdemont y los de Putin ya no afecta sólo al Estado español, sino también a Europa. Y, mutatis mutandis, también lo harían las implicaciones de la amnistía.

La verdadera coalición de gobierno es la que ha venido manteniendo Sánchez con la Unión Europea. Una conciliación que ha podido mantener hasta que ha entrado en juego la trama rusa del procés, que es una línea roja para Bruselas. Y la UE representa, a su vez, la auténtica (y quizás única) línea roja del PSOE.

Borrar el delito de traición al Estado por el que podría ser encausado Puigdemont de la Ley de Amnistía probablemente llevaría a que el TJUE tomara cartas en el asunto, incluso pudiendo llegar a resolver la disconformidad del texto con la legislación europea.

Ante esta misión imposible de amnistiar a Puigdemont en los términos que él exige sin enfrentarse a la UE, Sánchez ha optado por la prudencia, ha pisado el freno y ha elegido el mal menor. 

Aunque han mantenido la negociación hasta el último momento, el PSOE ha votado en contra de las enmiendas vivas de Junts, que pedían eliminar las excepciones que excluyen del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía los delitos de terrorismo y traición al Estado. Junts ha hecho lo propio, contrariado por no recibir el apoyo de su socio a su pretensión de "no dejar a nadie fuera", y ha tumbado la versión final de la Proposición de Ley.

Es evidente que modificar el articulado de la amnistía para amparar todos los tipos de terrorismo (y así neutralizar la imputación de Puigdemont por Manuel García-Castellón) y el delito de traición por la trama rusa del procés es un imposible. Lo que no está tan claro es la manera en la que el PSOE va a deshacer esta disyuntiva si, como es de desear, se mantiene firme en su negativa a ceder en las enmiendas.

Porque ahora el texto volverá a la Comisión de Justicia del Congreso y se abrirá un plazo de un mes para modificar la ley. Junts gana tiempo, pero el PSOE tendrá que encarar nuevamente el pulso de la negociación y el debate de las enmiendas. Y, eventualmente, alcanzar una solución de compromiso con Junts.

Esto implica un problema adicional para el Gobierno. Con este aplazamiento, se ponen en riesgo los Presupuestos, porque la segunda votación de la amnistía se acerca peligrosamente a la votación que realmente le es vital a Sánchez. Y si Junts no ve aprobada antes de ella una amnistía a su gusto, cabe suponer que tumbarán las cuentas del Ejecutivo. La opción alternativa de prorrogar los Presupuestos se antoja complicada en una legislatura tan convulsa e inestable como esta.

Si al PSOE se le abre un panorama angustioso para el medio plazo, este martes los sentimientos entre las filas socialistas tras la sesión extraordinaria han sido la ofuscación y el enfado. Hay una humillación evidente en el hecho de que los delincuentes próximamente amnistiados voten en contra de su propia ley porque esta no se ajusta exactamente a lo que ellos demandan. Y eso en un pleno contaminado por los insultos a los jueces de todos los socios del Gobierno.

En poco más de dos semanas, Sánchez ha perdido su segunda votación importante. Las otras dos las salvó in extremis y después de haber sudado tinta para ganarse a Junts. El PSOE ya ha podido catar un buen muestrario del via crucis que le espera si quiere completar la legislatura a bordo de esta precaria ecuación de ingobernabilidad.